La Secretaría de Derechos Humanos señalizó como sitios de memoria la Jefatura de la Policía de la Provincia de Salta y el Escuadrón 20 Orán de Gendarmería
Estos lugares funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
En el Mes de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios, con el apoyo del Gobierno de la provincia de Salta y la Municipalidad de Salta, señalizó esta semana la Jefatura de Policía de la Provincia de Salta y el Escuadrón 20 Orán de Gendarmería como sitios de memoria del terrorismo de Estado.
En la primera jornada se llevó adelante el descubrimiento del cartel sobre la entrada de la Jefatura de Policía de Salta con la presencia de la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol, el vicegobernador de la Provincia, Antonio Morocco, organismos de derechos humanos locales, familiares, y sobrevivientes.
Posteriormente, Battistiol encabezó el acto de señalización en el Escuadrón 20 Orán de Gendarmería Nacional con la presencia de familiares y organismos de derechos humanos. Acompañó la actividad la diputada Alcira Figueroa.
“A 40 años de la recuperación de la democracia, estos carteles contribuyen a seguir educando a las generaciones futuras que sostendrán las banderas de Memoria, Verdad y Justicia”, destacó la funcionaria.
En ambas dependencias funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales con sentencia, permanecieron secuestrados y sometidos a torturas hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical. Algunas de las personas que pasaron por esos centros clandestinos continúan desaparecidas.
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691, los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.
