El viernes 26 de noviembre la Oficina Anticorrupción (OA) realizó una jornada con el Foro de Abogados de San Juan y miembros del Instituto de Derecho Administrativo para intercambiar ideas y recibir aportes sobre el proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública. Se trata de una iniciativa de la OA para la reforma de la ley 25.188 que contempla a los tres poderes del Estado y a las vinculaciones entre el ámbito público y el privado.

El titular de la OA, Félix Crous, explicó que “algunas grandes ideas sobre las cuales va a girar el proyecto, hijas de las dificultades de la experiencia, es establecer en el cuerpo de la ley un modo más explícito, quizá sea una verdad de Perogrullo, pero la nueva ley de Integridad y Ética Pública, tiene que regir para los tres poderes del Estado”. En este sentido contó: “la idea es ir en la misma senda que la nueva ley de integridad de la Ciudad de Buenos Aires que crea tres agencias de integridad, sería el nuevo nombre que adquiriría la OA con la capacidad e organización interna que la independencia en la autonomía le da, pero que esos sistemas de auditoría, transparencia activa, y el desarrollo formal de políticas de transparencia sean un compromiso establecido por la ley para todos los poderes del Estado”.

Por otro lado, Crous se refirió al sistema de Declaraciones Juradas patrimoniales(DDJJ): “creemos que hay que ir a un sistema, más allá de las cuestiones técnicas en base a las cargas mixtas entre la AFIP y la OA, a un sistema simplificado que permita ser transparente a todo el sistema”.

“Queremos robustecer la institucionalidad de la propia agencia con la intervención de otros actores que se involucran en la gestión, hay un consejo que ya existe pero que debe tener una integración dentro de la estructuras de la nueva ley y también una escuela de integridad para formalizar la capacitación de losa actores interestatales de un modo claro, contundente, sostenido en el tiempo que ponga en el centro la profesionalización de una burocracia de alto nivel con perspectiva de transparencia”, expresó el titular de la OA.

Por su parte, María Celia Sánchez Sarmiento, directora del Instituto de Derecho Administrativo del Foro de Abogados de San Juan, expresó que le resultó “atractivo el planteo del encuentro de parte de la OA, y celebró este proyecto de ley” que más allá de las modificaciones “habla de un sistema y no se limita a hablar de corrupción. En la práctica no todo se da como normalmente se ven de corrupción, hay otras formas que muchas veces no quedan en los ámbitos políticos donde normalmente los medios de comunicación apuntan”.

En el inicio del panel de expositores, Lucía Toso, codirectora del Diplomado Universitario en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad organizado por la Universidad de Mendoza brindó un análisis sobre la necesidad de “pulir aspectos técnicos” en relación a “cómo implementar la norma con otras que regulan el sistema público nacional”. A su vez, remarcó la incorporación de “cuestiones novedosas como el antinepotismo, la perspectiva de género, entre otras”.

Seguidamente, María José González Bellene, directora de la Comisión de Transparencia e Integridad del Colegio de Abogados y Procuradores Mendoza, dijo: “estas normas tienen que servir como política de Estado y como cambio de paradigma de hacia dónde queremos ir con estas leyes. La participación ciudadana es fundamental, esa causa-fin tiene que estar en la ley”. La abogada planteó observaciones a una serie de artículos, como el concepto de función pública con la necesidad de ampliar su extensión, la reformulación para que la ley “salga y tenga efectiva aplicación”.

Dentro del mismo análisis, Sandra Gómez, celebró la iniciativa “en donde más allá de las diferencias en criterios, es valioso que podamos trabajar en este tema”. Gómez se refirió a la revisión de ciertos artículos como la eximición en la reserva de datos en Declaraciones Juradas de intereses “a efectos de evitar posibles reclamos o nulidades cuando lo que estamos pretendiendo es la aplicación de una ley eficiente y efectiva”. Y expresó además la necesidad de “llamar a un consenso federal en materia de armar una gran campaña de concientización de toda la sociedad, porque hemos naturalizado a la corrupción y tenemos que hacernos cargo de eso”.

Más adelante, Florencia Márquez Bonino, abogada del foro de Córdoba, expuso su análisis del proyecto y expresó su gratitud respecto a “hacer extensivo a los tres poderes, sobre todo al judicial, la idea y el objetivo están claros”. Sugirió también algunos cambios respecto a mejorar “la técnica legislativa en cuanto a redacción y orden de algunos temas” y detalló algunos puntos de revisión en cuanto a la gestión de la integridad, el régimen sancionatorio, las Declaraciones juradas de proveedores y contratistas y la participación ciudadana.

En el final de las exposiciones, María Giselle Moreno González, directora del Instituto de Compliance, Transparencia y Prevención de la Criminalidad Económica del Foro de Abogados de San Juan, celebró “haber incorporado la perspectiva de género, diversidad y también considero importante garantizar el anonimato a quienes se animen a denunciar y que esos canales sean los adecuados”. También destacó la “creación de una escuela de ética pública y el trabajo conjunto con las provincias y municipios”.

Luego de terminada la ronda de disertaciones, el subsecretario de la Dirección de Políticas de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT), Luis Villanueva explicó que “cuando pensamos la elaboración estábamos pensando que estos aportes van a enriquecerlos, proponemos una base sobre la cual discutir”. En respuesta a algunas consultas de las expositoras, Villanueva contó que “la participación ciudadana es el eje transversal del proyecto”, se trata de una “participación permanente con propuestas de plataformas para poder interactuar” y agregó: “además debemos garantizar una participación ciudadana lo más ancha posible, en términos de nichos está bien pero no alcanza, tenemos que lograr una masividad de la participación por eso incentivar la creación de estos espacios de interacción”.

Para finalizar, Natalia Torres, directora Nacional de ética pública de la OA, explicó: “no fue nuestra intención definir corrupción porque es una Ley de Integridad y ética Pública. Dedicamos gran parte del trabajo a debatir, argumentar y escuchar posiciones en relación sobre lo que es la corrupción, un concepto controversial, donde hay algunas interpretaciones hegemónicas pero que hay otros que le discuten acerca de qué manera entendemos a la corrupción. Esa discusión subyace a esta normativa”. En este punto, Torres también contó: “avanzamos en una deconstrucción del concepto que permite entender a la corrupción, no desde la mirada racional e individual, sino que se vincula con un abuso de poder y supone entender la gramática del poder, cómo la corrupción opera sobre relaciones de dominación e impacta de manera diferente en distintos grupos”. “Esta mirada es la que explica también por qué salimos de otra mirada que creemos que es recortada que es pensar el fenómeno de la corrupción acotada a la arena público-política, entender que el problema de la corrupción supone pensar qué sucede sectores como el privado, asociativo, corporativo, etc.” dijo la funcionaria de la OA.