El Congreso se desarrolló del 10 al 13 de noviembre bajo una modalidad mixta (virtual y presencial en la ciudad de Rosario). En este contexto, la Oficina Anticorrupción (OA) fue parte del conversatorio “Géneros, diversidad y lucha contra la corrupción. Agendas de intersección” en el que se discutieron los resultados de documentos publicados por la organización, y se intercambiaron saberes y experiencias en torno a los cruces entre las agendas de género y diversidades, y corrupción.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de Karina Kalpschtrej, Directora de Fortalecimiento Institucional de PC, quien señaló la importancia de pensar las articulaciones entre estas agendas, en apariencia, sin una vinculación directa. Señaló que desde la organización y desde colectivos aliados vienen hace un tiempo reflexionando sobre su imbricación y sobre “la necesidad de desnaturalizar la idea de que un enfoque de derechos sólo puede hablar sobre géneros y diversidades y, por otro lado, que uno de transparencia sólo debe atender a cuestiones de integridad y anticorrupción”.

A continuación, Celeste Box, socióloga especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública, enfatizó en la potencialidad del trabajo asociado entre el sector académico y la sociedad civil, en especial, en la producción de aquellos datos y evidencia que el Estado no alcanza a elaborar. Resaltó, asimismo, la relevancia de hablar desde un enfoque de transparencia más que de “anticorrupción”, ya que permite visibilizar prácticas que no son necesariamente delictivas, pero que reproducen, igualmente, inequidades socio-genéricas. Por último, destacó la importancia de que las propias comunidades de mujeres y LGBTQA+ “fiscalicen y monitoreen los procesos de producción de la información pública que, en muchos casos, acarrea prejuicios y concepciones estereotipadas sobre las identidades y preferencias sexo-genéricas”.

A su turno, Patricia Gómez, Secretaria Académica del Programa de Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, destacó el abordaje no esencialista sobre la relación entre género y corrupción de los documentos elaborados por PC. En adición a ello, reparó en la distinción entre micro y macro corrupción porque “es en ese clivaje donde se produce una afectación de derechos a las diversidades y los géneros, y el abuso de poder”, y llamó a pensar en ¨corrupciones¨.

Luego, Natalia Torres, Directora Nacional de Ética Pública de la OA, focalizó en el trabajo de pensar la interacción entre estas temáticas para el diseño y la implementación de políticas públicas. En este sentido, expresó: “en este cruce, los estudios y las experiencias de políticas son escasos e, incluso, algunos llevan a lugares equivocados”, al reproducir paradigmas esencialistas sobre el lugar de las mujeres en la lucha anticorrupción. Y agregó: “hace falta contar con más evidencia para el diseño de las políticas, menos esencialista, menos estereotipada. Además, hay muchas más exploraciones teóricas y menos análisis de políticas concretas”.

En esta línea, Torres destacó la creación desde la OA de la Red Federal de Estudios Multidisciplinarios sobre Integridad y Corrupción (EMIC), y la labor en la incorporación de nuevas miradas sobre la corrupción en acciones diversas que lleva adelante la Oficina, tales como la incorporación de la mirada de derechos humanos y la inclusión del abordaje de las “burocracias de calle” en capacitaciones para la Alta Dirección en organismos nacionales o la incorporación de la perspectiva de género dentro de las iniciativas de la Estrategia Nacional de Integridad, el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE) y la articulación con provincias y municipios. También comentó la incorporación de la mirada de géneros y derechos humanos en el proyecto de Ley de Ética e Integridad Pública elaborado por la OA y actualmente puesto a discusión en el marco de la Elaboración Participativa de Normas.

Por último, Andrea Rivas, activista LGBTQA+, reparó en la violencia estructural que viven las personas pertenecientes a estas comunidades: “es importante entenderlo como una violencia que se vive en cada una de las etapas de vida, desde los primeros años de vida”. Compartió con las demás panelistas su opinión sobre la falta de datos sobre estas comunidades, como así también del acceso a la justicia, además de la violencia directa que sufren por parte de los diversos agentes estatales. “Es necesaria una reforma transfeminista del Estado”, sintetizó.