En el encuentro, coordinado por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA), participaron representantes de 17 empresas que fueron invitadas a compartir buenas prácticas y a intercambiar experiencias orientadas a llevar adelante la gestión con altos estándares en materia de integridad y transparencia. Además, el evento permitió conocer las conclusiones de la primera mesa con actores de la sociedad civil, organismos internacionales y organismos de control.

Luis Villanueva, Subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, señaló al inicio del encuentro que “como organismo de control lo mejor que podemos hacer es trabajar en la prevención. Nuestro trabajo es fortalecer las capacidades del sector público y de las empresas públicas”. Para lograrlo, Villanueva explicó que se están creando “equipos especializados dentro de cada área del Gobierno para atender la problemática de manera eficiente, oportuna y profesionalizada”, y destacó que “se han creado 30 áreas nuevas desde que asumimos”.

Sobre la Mesa de Trabajo, dijo que “lo que nos proponemos es conversar, buscando elevar ese piso de buenas prácticas” y destacó que “los distintos actores nos sentamos a pensar la mejor manera de producir transformaciones, mejorar los estándares de integridad y transparencia”.

En el inicio de su exposición Paula Honisch, consultora explicó que estas mesas de trabajo tienen como objetivo “ayudar a ordenar cuáles son las obligaciones en materia de integridad y transparencia” y con ello “esperamos identificar los desafíos que le toca a la hora de promover transparencia e integridad en las empresas de las que formas parte”. Además, Honish aclaró: “Cuando hablamos de integridad y transparencia somos conscientes que quedan comprendidas cuestiones amplias y relevantes como la de derechos humanos, diversidad, promoción de igualdad, ambiente libre de violencia en el ámbito laboral, entre otras”.

Sobre el alcance normativo que regulan las obligaciones de funcionarios y funcionarias, Paula Honisch explicó que se trata de “encontrar una estrategia que genere legitimidad en el resultado”. “El primer desafío es que no podemos hablar de las empresas de propiedad estatal (EPEs) como si fueran todas lo mismo. En este análisis de considerar las particularidades, donde el Estado tiene distinto tipo de participación, hay determinadas variables que tienen que ser consideradas para definir cuándo vamos a estar frente a una empresa pública y esto va a impactar en la obligaciones que va a tener en materia de promoción de prácticas de transparencia e integridad y cuales el universo de personas que van a ser consideradas funcionarios públicos” y así “sacar reglas generales que nos permitan realizar pautas de actuación”, dijo la consultora del BID.

Honisch contó que la primera mesa de trabajo se construyó un formulario que fue entregado a los participantes de esta segunda mesa para jerarquizar los principales desafíos a la hora de promover prácticas de integridad y transparencia.

A continuación, hubo un espacio para que los distintos representantes de las empresas relataran sus experiencias. Desde Trenes Argentinos Infraestructura explicaron cómo debieron adaptar sus programas de capacitaciones en función de la pandemia a partir del año pasado. En ese contexto, priorizaron las capacitaciones orientadas al alto mando de la empresa. Esta visión fue coincidente con la adoptada por otras empresas participantes, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que además inició talleres para la elaboración de mapas de riesgo.

En Trenes Argentinos Carga tuvieron una experiencia similar en capacitaciones, a lo que sumaron talleres específicos sobre compras y contrataciones. Desde Trenes Argentinos Operaciones explicaron que las capacitaciones las trabajaron a partir de casos, y que integraron género y diversidad a los talleres de integridad y transparencia. Una experiencia similar contó el representante de AYSA: incorporaron a su campus virtual capacitaciones con perspectiva de género que resaltan la igualdad de trato e igualdad de oportunidades. A continuación, desde FADEA, comentaron que en la página web de la empresa se publican los balances de la empresa y otros datos que constituyen la sección de transparencia activa. Sobre los programas de integridad desde ARSAT indicaron que trabajan en un sistema de incentivos para fortalecerlo. Coincidieron en este punto desde CPSE y agregaron que resulta fundamental conocer los detalles de los programas para poder realizar acciones dentro de un marco de contención.

En el cierre del encuentro, Natalia Torres expresó que “hay dos espacios donde creemos que estas experiencias pueden mostrarse, uno es la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) donde las EPEs pueden tener un lugar propio en ese Mapa de la Acción Estatal que contemple sus particularidades y potencie los esfuerzos; y otro es el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE) donde las EPEs pueden ser un actor clave para expandir el espacio promoviéndolo en sus cadenas de valor”.

La Mesa de trabajo se enmarca en la Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la República Argentina a través de la cual apoya a la OA en el desarrollo de estándares de integridad de las EPEs. Además de representantes de las empresas, participaron integrantes de la Sigen y Jefatura de Gabinete de Ministros.