Mientras se desarrolla el juicio penal que investiga a Enrique Juan Blaksley Señorans por lavado de activos de origen delictivo en concurso con asociación ilícita a través de la empresa Hope Funds S.A., la Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó a la empresa y su directivo con una multa que supera los 8 millones de pesos por no cumplir con su responsabilidad como Sujeto Obligado.

Luego del proceso administrativo, se dictó una resolución que sanciona tanto a Hope Funds S.A. como a Blaksley Señorans, en su carácter de miembro del órgano de administración de la misma, por incumplimiento de regulaciones especiales que deben acatar este tipo de sociedades para prevenir delitos como el lavado de dinero, la corrupción, el financiamiento al terrorismo, el fraude, la evasión fiscal y otros delitos económicos complejos. La multa dispuesta por la UIF es de $4.881.545.- tanto a la empresa como al directivo.

La razón de la sanción aplicada a la empresa se centró en no haber declarado maniobras sospechosas de delitos complejos (tal como se detalla en el Artículo 22 de la Ley para Fondos Fiduciarios) y otros tipos de infracciones cometidas, tales como la carencia de un manual de procedimientos y un sistema de auditoría anual en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como también la ausencia de documentación respaldatoria del origen de los fondos empleados en las operaciones analizadas y la omisión de reportes de operaciones sospechosas. Las sanciones aplicadas apuntan a la prevención y disuasión de los referidos ilícitos, en miras a evitar que las empresas incumplan sus obligaciones.

Acerca de la causa

El pasado 18 de febrero el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 dio inicio al juicio donde se acusa a Enrique Juan Blaksley Señorans - que fuera considerado como el “Madoff argentino”- de haber armado un entramado de sociedades que estafaba a ahorristas. Se estima que declararán del mismo más de 300 testigos. Por esta causa, Blaksley se encuentra preso en Ezeiza desde septiembre de 2018, cuando la fiscal Alejandra Mangano y la jueza María Servini lo imputaron como coautor de una asociación ilícita. La investigación judicial estima que el monto del perjuicio producido asciende a $1.500 millones de pesos.

En su accionar, la empresa Hope Funds S.A. utilizaba marcas reconocidas, se exhibía con personas de renombre y participaba de eventos con el objeto de obtener la confianza de ahorristas. Sin embargo, en el año 2013, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó graves inconsistencias en la justificación del origen del dinero que declaraba Hope Funds S.A. Así, la sociedad habría realizado diversas maniobras para la concreción de negocios que llevarían a un incremento exponencial de sus activos en tan sólo dos años, pasando de 57 millones de pesos en el 2010, a fondos por 400 millones en 2012. En tal sentido, la AFIP se presentó en el 2014 ante la PROCELAC para promover su investigación.

En la referida causa penal también están procesados: Federico Dolinkué, gerente administrativo de Hope Funds; Alejandro Carozzino, acusado de ser el encargado de formar sociedades en el exterior; Verónica Vega, la gerente comercial de la compañía y Francisco, María Rita y Juan Pablo Blaksley, a quienes se les atribuyó los mismo delitos que su hermano Enrique y se los consideró miembros de la asociación ilícita. Los otros acusados son: Damián Gómez, Daniela Sarsa, Olga Masdeu, Felipe Badino, María D´Angelo, Rafael de la Torre Urizar, Alexis Dietl, Esteban Casco, Guillermo Müller y Pablo Willa, quien fuera señalado como el “cerebro” de la operación.