El inicio del juicio estaba previsto para el 7 de septiembre, pero el pasado 28 de agosto el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata decidió suspenderlo a pedido de la defensa de Miguel Ángel Ferreyro, uno de los cuatro imputados en la causa. La solicitud se sustenta en un informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense, en el que se notifica que Ferreyro no encuadraría con “los parámetros considerados como normales, desde la perspectiva médico legal” para estar en juicio.

Sin embargo, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos sostuvo en su presentación que, sin perjuicio de lo que las pericias médicas que se practiquen a futuro sobre el imputado Ferreyro,“no existen obstáculos para el efectivo inicio del debate oral en la fecha que tan sólo un mes y medio atrás fuera confirmada”, motivo por el cual solicitó “se dicte un nuevo pronunciamiento decretando el inicio del debate oral, quedando la indagatoria e incorporación al debate del imputado Miguel Ángel Ferreyro, a resultas de lo que disponga el Tribunal (…) en el respectivo incidente de suspensión de proceso por incapacidad sobreviniente”.

La posición de la Secretaría está alineada con la mayoría de las partes querellantes, que también se expidieron a favor de que el juicio inicie en la fecha pautada.

Es importante remarcar que la separación temporal de Ferreyro de este proceso, no impide la prosecución del juicio respecto del resto de los procesados: Jaime Lamont Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Juan Miguel Wolk, acusados de la comisión de delitos de lesa humanidad contra 62 víctimas.

Además de resultar trascendente para garantizar un efectivo acceso a la justicia, el inminente inicio del debate oral ha generado un sinnúmero de expectativas en las víctimas, que esperan este juicio desde hace más de 40 años.

También dentro de la misma causa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación —a través del Programa Verdad y Justicia — presentó ayer el "Informe sobre condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos" que tiene como objetivo identificar y analizar los posibles elementos conflictivos presentes en la causa que se hayan presentado, o puedan presentarse, a partir del modo en que se ha desarrollado la etapa de instrucción, y de la situación histórica y actual de los actores involucrados. De esta forma, se busca poner en evidencia esos riesgos y consecuentemente, plantear soluciones efectivas que moderen los efectos de posibles conflictos que incidan sobre el debate oral y constituyan una amenaza tanto para el desarrollo y fines del proceso judicial en trámite, como para el proceso de verdad y justicia en general.