La continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad constituye una herramienta fundamental para dar cumplimiento con el deber y responsabilidad internacional que pesa sobre el Estado argentino de investigar, perseguir y sancionar delitos cometidos contra la humanidad.

Es por ello que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación continúa solicitando la realización de los juicios orales que aún no comenzaron, la reanudación de aquellas causas que se encuentran suspendidas y la prosecución de las causas que actualmente se encuentra en trámite.

En la causa que tramita en La Plata, conocida como "1 y 60", se requirió la fijación de fecha para el inicio del debate oral, atento el tiempo transcurrido desde la celebración de la audiencia preliminar, realizada un mes atrás. En aquella oportunidad, la querella de la Secretaría propuso el comienzo del debate oral en distintas etapas, contemplando la problemática propia de la pandemia. Asimismo, sugirió al Tribunal Oral vías alternativas para garantizar su transmisión, tales como el CIJ, Radio Provincia y el canal de TV de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Por otra parte, en la causa conocida como “Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes”, se reiteró el pedido, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, para que se fije fecha de audiencia preliminar, paso indispensable para dar luego inicio al debate. Se trata ésta de la tercera presentación similar realizada en esta causa.

En la causa conocida como “Lona Residual”, gracias a los reiterados pedidos del Ministerio Público y de la querella de la Secretaría, la justicia federal de Salta finalmente citó a indagatoria al juez federal Ricardo Lona para el próximo 6 de agosto. La misma se encontraba suspendida tras la presentación de un certificado médico por parte de la defensa desde el mes de marzo. Al ex juez Lona se le imputa su participación en los delitos de “homicidio agravado, tormentos agravados, privación abusiva de la libertad agravada, allanamiento ilegal, lesiones, violación agravada, prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los presuntos autores de tales ilícitos, omitir, retardar y/o rehusar hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta de ella”, en perjuicio de 73 personas durante el terrorismo de Estado.

Finalmente, en relación a la causa conocida como “la Noche del Apagón” (Jujuy), se presentó un pedido de pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se expida sobre la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de Ledesma S.A.A.I. Los dos directivos fueron procesados en el año 2012, como partícipes por los secuestros producidos en las localidades de Libertador Gral. San Martín y Calilegua, cuando en julio de 1976 se produjo un apagón y fueron secuestradas cerca de 400 personas mediante la utilización de camionetas, que según múltiples declaraciones testimoniales, llevaban el logo de la empresa. En 2014, Blaquier y Lemos fueron beneficiados por la Cámara Federal de Casación Penal con la falta de mérito y quedaron apartados del juicio. La Corte Suprema debe resolver el recurso de queja que presentaron el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes --entre las que se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos- desde el año 2015.

El caso Kyburg: Articulación Interinstitucional para avanzar en su juzgamiento

La Secretaría participó de una reunión para coordinar acciones con el objetivo de avanzar en el juzgamiento en Alemania del represor Esteban Kyburg, prófugo de la justicia argentina.

En la reunión virtual celebrada el pasado viernes 24 de julio, las autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Poder Ejecutivo Nacional conversaron sobre las estrategias para colaborar activamente en el pronto juzgamiento de Kyburg y para acompañar a las víctimas y familiares.

Kyburg es investigado por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, cuando ocupó importantes cargos en la Base Naval de Mar del Plata. Fue declarado prófugo por la justicia federal de esa jurisdicción y recientemente fue localizado residiendo en Berlín. El pedido de extradición efectuado por la justicia argentina fue denegado en 2015 por tener ciudadanía alemana. Los familiares de las víctimas de los crímenes de Kyburg lograron impulsar una investigación en la justicia de Alemania.

La reunión contó con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal (de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, de la PROCULESA y de la Fiscalía General Federal ante la Cámara Federal de Mar del Plata); y representantes de la Cancillería Argentina (de la Embajada argentina ante Alemania, de la Dirección de Derechos Humanos del Programa de Evaluación de Políticas Públicas, de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y de la Coordinación penal de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional).

La Secretaría estuvo representada por Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos; Martín Fiorenza, director nacional del Programa Verdad y Justicia; y Claudia Lencina, directora de Asistencia a testigos- víctimas.