El encuentro tuvo por objetivo difundir las herramientas que el Ministerio tiene a disposición de la ciudadanía y de las ONG, y la deliberación sobre las mejores prácticas para garantizar el acceso igualitario a la justicia, sobre todo de aquellos en situación de vulnerabilidad.

El jefe de Gabinete, Martín Casares, resaltó “para nosotros es muy importante mantener el diálogo permanente con las organizaciones de la Sociedad Civil, que nuestros equipos técnicos estén en contacto con todos ustedes”.

Desde un grupo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y referentes de grupos desaventajados, en noviembre de 2018 presentaron un documento referido a la efectividad de los derechos de las personas.

Martín Böhmer, director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y con la Sociedad Civil explicó que “armamos un informe en respuesta, que resultó en un documento sobre las políticas públicas detallando las acciones que lleva adelante la cartera. La idea es evaluar juntos si hay una feliz superposición o rellenar aquellos huecos que la sociedad civil pueda detectar”.

Desde el Ministerio, a través de la plataforma de gobierno abierto Justicia 2020, se ha trabajado en la generación de políticas públicas con una amplia participación ciudadana.

En la reunión se abordó las reformas de gestiones judiciales y procesales, la difusión de derechos y del patrocinio legal gratuito para víctimas de delitos, los protocolos de actuación para operadores estatales respecto de comunidades y grupos específicos. También sobre la producción de información y estadística sobre el sistema judicial para mejorar su monitoreo.

Por su parte el director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Sebastián Pilo, afirmó “este tipo de encuentro nos permite generar un marco de discusión respecto a los avances y a los pendientes de las reformas que Argentina debería implementar para mejorar el acceso a la justicia de la población en general y de la población más desaventajada en particular”.

Además participó Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Fundación Poder Ciudadano, Huésped, para el estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Microjusticia Argentina y Habitar Argentina; Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales (Andhes), el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, la Asociación Asperger Argentina, y el Centro para una Justicia Igualitarias y Popular (CEJIP).

Informe de gestión