Con la reforma en estudio, el Código Penal podría sumar nuevas conductas identificadas como delitos contra la seguridad pública, en entes de gobierno y espacios comunes. La comisión abocada a la actualización del cuerpo normativo analizó tipificar también los atentados contra medios de transporte y comunicación.

La tenencia y portación de armas o la conducción bajo los efectos de estupefacientes fueron algunos de los temas que abordó la Comisión encargada del anteproyecto de Reforma del Código Penal, en un intento por adaptar ese cuerpo normativo a las nuevas modalidades delictivas denunciadas.

Encabezada por su vicepresidente, el juez Guillermo Jorge Yacobucci, sus integrantes confluyeron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para avanzar en el estudio de tipificaciones de conductas que atentan contra la seguridad pública, del tránsito y los medios de transporte y comunicación.

Los expertos debatieron tanto la inclusión como las penas en casos de alteraciones de la seguridad pública, incendios, estragos, inundaciones, derrumbes o puesta en peligro de archivos públicos, bibliotecas, museos, etcétera.

Por otro lado, dada la preocupación que dan a este tipo de conductas, los juristas se dedicaron en extenso al reordenamiento de los artículos referidos a la tenencia y portación de las armas de fuego, distinguiendo los supuestos de las de uso civil y las de guerra.

Respecto a la seguridad en el tránsito se empezaron a debatir los casos de conducción bajo los efectos del alcohol y de los estupefacientes, con penas diferenciadas para los particulares y los conductores de transporte público. Y en esa línea, se trabajó el tema de la conducción con velocidades excesivamente superiores a las regladas.

Además, se realizó un primer análisis de los delitos de los medios de transporte y comunicación que incluyen acciones como la de provocar un naufragio, un varamiento, un desastre aéreo o un descarrilamiento de trenes, hasta la interrupción de los servicios públicos de transporte o de radiodifusión entre otros.

Yacobucci presidió la reunión con el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra.

La Comisión está integrada por el camarista de la Casación, Mariano Borinsky, el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Patricia Susana Ziffer.

También la integran la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Yael Bendel, en representación del Ministerio de Desarrollo Social y Diego Richards en representación del Ministerio de Seguridad.