“Los organismos firmantes, como prestadores de servicios jurídicos gratuitos en el ámbito estatal han detectado la necesidad de elaboración de políticas conjuntas que permitan un abordaje de la problemática de acceso a justicia con los objetivos de: eliminar barreras de acceso, especialmente para los grupos más vulnerables de la población, brindar acceso universal a asistencia jurídica, brindar educación jurídica y capacitaciones y sistematizar información jurídica útil y de calidad”, diagnosticaron magistrados y funcionarios del servicio de Justicia nacional y porteño.

El acuerdo fue firmado por el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. También rubricaron el acuerdo el titular Ministerio Público Fiscal porteño, Luis Cevasco; el titular del Ministerio Público de la Defensa, Horacio Corti; la asesora general tutelarYael Bendel; el procurador general Gabriel María Astarloa; el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor; y el decano de Derecho de la UBA, Alberto Bueres.

El convenio busca establecer una serie de servicios jurídicos gratuitos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que apuntan, a sectores en situación de vulnerabilidad social.

Las primeras acciones

Una de las primeras medidas que se llevarán adelante es la de difundir y utilizar en su trabajo cotidiano la Primera Guía Integral de Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuenta con información sobre 76 prestadores que ya existen en la ciudad: del Estado, pero también de ONG y universidades.

También se llevarán a cabo actividades territoriales en las zonas vulnerables de la Ciudad, donde existe poca información sobre cómo acceder a estos beneficios. Si bien existen instituciones, oficinas descentralizadas y otras formas de llegar a esos barrios, lo cierto es que esta porción de la población no tiene un acceso real a estas herramientas.

Se estableció prestar servicio institucional y de manera coordinada en el Primer Hospital de Derechos de la Ciudad, que se inaugurará en los próximos meses en el barrio de Once.

Además, habrá una mesa de trabajo porque, debido a la cantidad de organismos que ya trabajan en la materia, se superponen tareas. Y a fin de año se organizará un encuentro entre todos los operadores del sistema para poner de relieve qué tareas están tomando y cuáles podrían tomar.

En materia de acceso a justicia, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con instituciones que realizan una fuerte inversión pública para brinda un servicio especializado para poblaciones vulnerables, incluso con muchas oficinas instaladas en barrios vulnerables y villas. Esta particularidad hace que la coordinación que se inicia tenga un potencial impacto social trascendente.