La lucha contra el narcotráfico constituye uno de los ejes prioritarios de la Subsecretaría. Se trata de un fenómeno delictivo con alta capacidad de adaptación y expansión, que impacta de manera directa en la seguridad pública, el orden social y el desarrollo de las comunidades, que alcanzó niveles alarmantes en las últimas décadas. En la Argentina, su abordaje se enmarca, entre otras normas, en la Ley de Estupefacientes N.º 23.737, que regula los delitos vinculados a la producción, comercialización y tenencia de sustancias ilícitas.

El crecimiento del narcotráfico no solo genera contextos de violencia e inseguridad, sino que también debilita las instituciones, afecta el entramado social y favorece la consolidación de economías ilegales y redes criminales complejas. A su vez, produce consecuencias profundas en la vida cotidiana: degrada el espacio público, promueve la captación de jóvenes por parte de organizaciones delictivas y contribuye a la fragmentación social.

En paralelo, el consumo problemático de estupefacientes afecta la salud física y mental de las personas, impacta en los vínculos familiares y perpetúa situaciones de vulnerabilidad, exclusión y violencia. Por eso, la política criminal en esta materia incorpora una perspectiva integral, que no solo se orienta a la persecución del delito, sino también a la recuperación de las personas y a su reintegración social.

En este marco, la Subsecretaría de Política Criminal diseña e implementa políticas públicas basadas en evidencia para mejorar la persecución penal del narcotráfico y el microtráfico, fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado y optimizar el uso de los recursos del sistema de justicia, con el objetivo de generar un impacto real.

Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM)

El Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM) tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las provincias para investigar y perseguir penalmente el microtráfico de drogas, en el marco del proceso de desfederalización previsto en la Ley de Estupefacientes N.º 23.737 y la Ley N.º 26.052.

El Programa busca dar una respuesta más eficaz a un fenómeno que impacta directamente en la seguridad pública, el espacio urbano y la vida cotidiana de las comunidades, y que muchas veces funciona como puerta de entrada a organizaciones narcocriminales de mayor escala.

El enfoque del PRONADEM parte de una estrategia clara: fortalecer el rol de las provincias en la persecución de los delitos de menor escala vinculados al narcotráfico, mientras la Justicia Federal concentra sus recursos en la investigación de las estructuras criminales más complejas.

Objetivos

El programa acompaña a las jurisdicciones que adhieren al régimen de desfederalización mediante herramientas concretas para mejorar la investigación y persecución del microtráfico.

Entre sus principales acciones se destacan:

• La asistencia técnica a provincias para la implementación del régimen de desfederalización.
• La capacitación de fiscales, jueces y operadores del sistema de justicia en investigación y persecución penal del microtráfico.
• La promoción de la cooperación entre las justicias provinciales y federal.
• El diseño conjunto de planes estratégicos de persecución penal, adaptados a las características de cada territorio.

Estos planes incluyen mecanismos de evaluación y monitoreo permanente, con indicadores de desempeño que permiten medir resultados y ajustar las estrategias de manera continua, en base a la evidencia y la experiencia de cada jurisdicción.
El PRONADEM impulsa un abordaje integral, coordinado y basado en evidencia del microtráfico, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y recuperar los espacios públicos. El programa busca optimizar el uso de los recursos del Sistema de Justicia, logrando intervenciones más rápidas, eficaces y cercanas a las problemáticas locales.

Desfederalización del microtráfico

La desfederalización de la persecución penal del microtráfico de drogas constituye una herramienta central de la política criminal en la materia. A partir de la Ley N.º 26.052, modificada en el año 2019 por la Ley N° 27.502, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden asumir la investigación y juzgamiento de determinados delitos vinculados al comercio minorista de estupefacientes, previa adhesión a este régimen.

Este esquema permite que las jurisdicciones locales, con mayor conocimiento del territorio y presencia directa, desarrollen respuestas más rápidas y eficaces frente a los mercados de drogas que afectan la vida cotidiana de las comunidades. Al mismo tiempo, posibilita que la Justicia Federal concentre sus recursos en la investigación de las organizaciones narcocriminales más complejas y en otros delitos de criminalidad organizada.

Sin embargo, la experiencia demuestra que la desfederalización, por sí sola, no resulta suficiente. Para lograr resultados sostenidos es necesario complementarla con políticas públicas integrales, basadas en evidencia, que fortalezcan las capacidades institucionales y promuevan la coordinación entre la justicia federal y las jurisdicciones locales.

A la fecha, la desfederalización fue adoptada en las provincias de

• Buenos Aires (2005)
• Córdoba (2012)
• Salta (2014)
• Formosa (2015)
• Chaco (2015)
• Entre Ríos (2018)
• Santiago del Estero (2018)
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2019)
• Tucumán (2022)
• Jujuy (2022)
• Santa Fe (2024)
• Neuquén (2025)
• Corrientes (2026).

En las provincias restantes la persecución penal del microtráfico de estupefacientes está aún en manos de la Justicia Federal.

En este sentido, la Subsecretaría impulsa iniciativas que acompañan a las provincias en este proceso, promoviendo estrategias de persecución penal más eficaces y orientadas a la recuperación de los espacios públicos y la reducción de la violencia asociada al microtráfico.

Tribunal de Tratamiento de Drogas

De manera complementaria, la Subsecretaría de Política Criminal impulsa la implementación de pruebas piloto del programa de Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD), desarrollado en conjunto con organismos del Estado con competencia en la materia. Este modelo propone una alternativa al proceso penal tradicional para personas imputadas por delitos menores no violentos vinculados al consumo problemático de sustancias. A través de un tratamiento supervisado judicialmente, se busca reducir la reincidencia y promover la rehabilitación y reintegración social.

La Subsecretaría cumple un rol central en la articulación con las autoridades judiciales, la promoción del programa en las provincias y la provisión de herramientas técnicas y normativas, además de supervisar su implementación y fomentar la adopción de buenas prácticas.

El desarrollo del programa se lleva adelante en articulación con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), que cumple un rol clave en el abordaje sanitario del consumo problemático. En este marco, se conforman equipos interdisciplinarios especializados que intervienen en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las personas participantes, asegurando un enfoque integral que contemple tanto las dimensiones judiciales como las de salud.

Asimismo, la implementación del programa prevé mecanismos de trabajo conjunto entre el sistema de justicia y la red de dispositivos asistenciales de SEDRONAR, lo que permite garantizar la derivación a tratamientos adecuados, el seguimiento de los procesos terapéuticos y la evaluación de resultados. Esta articulación interinstitucional resulta fundamental para consolidar un modelo que combine eficacia en la respuesta penal con estrategias orientadas a la recuperación de las personas y su integración social.

Normativa vigente

• Creación y Anexo PRONADEM
• Creación y Protocolo TTD
• Ley 23.737
• Ley Desfederalización 27.502
• Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aprobada por ley n° 24.072 y, la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional, aprobada por ley n° 25.632.