El juicio a las juntas. Los ex comandantes en el banquillo es un adelanto del libro que reconstruye el desarrollo del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, desde 1983 hasta el presente. Realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación toma como punto de partida las voces de sus protagonistas y las huellas materiales e intangibles para producir un conocimiento sistemático y detallado de los principales hitos de los juicios por crímenes de lesa humanidad pero también una ponderación del impacto social, cultural y político como aporte a la reflexión sobre la construcción simbólica del Nunca Más y el arraigo de los consensos democráticos.

El capítulo dedicado al Juicio a las Juntas es el tercero. Puede descargarse gratuitamente desde la web de la Secretaría de Derechos Humanos y recorre las circunstancias históricas del juicio a los excomandantes, una instancia jurídica sin precedentes que se vislumbró como camino posible cuando las Fuerzas Armadas se negaron a juzgar ellas mismas a los responsables de la represión ilegal. Con la aceptación del gobierno alfonsinista y el impulso de sectores de la sociedad civil, el Juicio provocó opiniones divididas entre los organismos de derechos humanos, que desde hacía años defendían la consigna de “castigo a todos los culpables” y no solo a los excomandantes. Aun así, la estrategia de la fiscalía, destinada a probar la existencia de un plan sistemático de desaparición, basada en una selección de casos del informe final de la Conadep, le dio una voz protagónica a sobrevivientes que por primera vez pudieron narrar sus experiencias de cautiverio frente a toda la sociedad y ante jueces de la democracia. El capítulo vuelve sobre momentos emblemáticos del juicio como la exhibición fotográfica del sobreviviente Víctor Basterra, el diálogo entre un juez y un represor llamado a declarar como testigo y el alegato del fiscal Julio César Strassera previo a las condenas a Videla, Massera y los otros ex miembros de las Juntas, durante la cual pronunció aquella frase para la historia: “Señores jueces, nunca más”.

Argentina es ejemplo a nivel internacional en materia de políticas públicas en derechos humanos. Las banderas de Memoria, Verdad y Justicia —sostenidas históricamente por los organismos de derechos humanos, las y los sobrevivientes y otros movimientos y actores de la sociedad civil— fueron asumidas por el Estado nacional como prioridad a partir de 2003. Esta decisión permitió juzgar en tribunales de todo el país a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado y retomar, de este modo, el camino iniciado tras la recuperación de la democracia con el histórico Juicio a las Juntas, coartado por la sanción de las leyes de impunidad.

El juzgamiento de estos crímenes continúa en el presente y ha atravesado distintas coyunturas, con avances y retrocesos. Su sostén y profundización han dependido no solamente de la decisión de los poderes del Estado, con una enorme marca regresiva en el período 2015-2019, sino también —y fundamentalmente— por la incansable tarea de los organismos de derechos humanos, colectivos de sobrevivientes y familiares de víctimas, abogados y abogadas querellantes y organizaciones políticas y sociales que mantuvieron la presencia en las audiencias, su difusión y la concientización sobre su significado para toda la comunidad.

En esa dirección, y por el rol institucional que ha tenido y tiene en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está realizando esta reconstrucción polifónica, con el objetivo de resguardar las memorias que surgen a su alrededor, como parte del patrimonio de toda la sociedad argentina.