| La SC dictó una resolución, mediante la cual ordenó el archivo de las actuaciones, teniendo en cuenta que el denunciante y la denunciada habían alcanzado un compromiso en los términos del artículo 36 de la Ley N° 25.156, en el que se comprometieron a reanudar las relaciones comerciales en condiciones de competencia, y que éste, había sido aprobado –oportunamente- por la Secretaría de Comercio. La denunciante apeló y la Cámara de Apelaciones teniendo en cuenta la prueba y los dichos de la denunciada en relación a toda la prueba aportada, consideró que la decisión no fue arbitraria ni basada en premisas falsas porque se fundó en la información colectada en la etapa de investigación.También consideró que la denunciada no había incumplido con el compromiso. La finalidad de la Ley de Defensa de la Competencia es evitar actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios que tengan la finalidad de limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o acceso al mercado, que perjudique el interés económico general. La conducta que pueda perjudicarlo debe implicar un peligro concreto razonablemente determinable y no solo una posibilidad lógica y abstracta de lesión. Si bien en este caso hubo un conflicto de intereses entre la denunciante y denunciada, los hechos que motivaron el recurso no implicaron una afectación concreta y directa al interés económico general como para justificar otro tipo de resolución. |
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