| Una empresa interpuso recurso de queja contra la resolución de SCI que denegó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó su planteo de nulidad de todo lo actuado en el expediente administrativo. La nulidad fue planteada por considerar que se habían configurado ciertas omisiones probatorias y a su vez cuestionó las facultades de la CNDC para ciertos actos. La Cámara de Apelaciones sostuvo que de admitirse la impugnación judicial de cualquier decisión que se adopte en el curso de un procedimiento administrativo sancionador prescindiendo de los supuestos expresamente habilitados en las normas, sería muy difícil satisfacer el derecho de raigambre constitucional y supranacional del imputado a que su situación sea resuelta sin dilaciones indebidas (artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Fallo "Losicer"). A su vez, expuso que salvo en supuestos de comprobada violación al derecho de defensa generador de gravamen irreversible, el turno de la revisión judicial llegará en caso de recaer sobre el imputado una sanción. Finalmente y dado que lo que se impugna es la producción preliminar de pruebas, actos procesales que por sí mismos carecen de efectos jurídicos notoriamente agraviantes o que produzcan un evidente y definitivo menoscabo a los derechos de las partes. |
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