| Una empresa denunció a la Agremiación Médica Platense (AMP) por fijación unilateral del precio de las prácticas médicas de los profesionales que formaban parte de la agremiación y por imposición de condiciones exclusorias, al impedir a los profesionales agremiados celebrar cualquier tipo de contrato o convenio con esta empresa para la atención de sus afiliados, o continuar con los ya existentes. Solicitó como medida cautelar que se ordenara el cese inmediato de la conducta lesiva. La CNDC hizo lugar a la medida precautoria solicitada y contra esa resolución, AMP dedujo recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones consideró que se acreditaron los requisitos que habilitaron la concesión de la medida precautoria peticionada por el denunciante. Hizo hincapié en el concepto de interés económico general como dato determinante para definir la presencia o no de una conducta anticompetitiva, con remisión a precedentes de la CSJN en el sentido de que al examinarse la afectación del interés económico general que requería el art. 1° de la Ley 25.156 se dejaban a salvo aquellas conductas que pudieran parecer anticompetitivas pero que en verdad resultaban beneficiosas para la comunidad. Añadió que la aludida norma contemplaba las prácticas que menoscabaran la eficiencia económica del mercado por medio de acciones reñidas con el interés de la comunidad, y que tuvieran directa incidencia en el bienestar de los consumidores. En ese sentido, la Cámara de Apelaciones expuso que no había encontrado elementos que avalaran que la resolución de la AMP fuera beneficiosa para la comunidad, sino que, de aplicarse en todos sus alcances, podría traer aparejada una excesiva imposición de condiciones en la atención de la salud con directa incidencia en el bienestar de los consumidores. Por ello confirmó la medida cautelar dictada. |
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