Si tenés información sobre cualquier forma de explotación de personas, aunque sea una situación dudosa, llamá desde cualquier lugar del país las 24 horas para que personal especializado tome tu denuncia, te oriente y brinde asistencia.
¡Contra la trata, con todo!
Estamos trabajando los tres ministerios (Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Capital Humano) sin descanso. Vamos por una actualización de las normativas vigentes para mayor eficacia contra el delito. Estamos dando impulso a la prevención y capacitaciones. Trabajamos con organismos internacionales y Ministerio Público Fiscal en derecho comparado trasfronterizo y mejores prácticas disponibles, y nos sumamos paso a paso a las mesas interinstitucionales de cada jurisdicción.
Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2024 - 2026
El Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2024–2026 es el cuarto plan elaborado por el Estado argentino para fortalecer la prevención, la persecución del delito y la asistencia integral a las víctimas. Retoma los avances de planes anteriores e incorpora innovaciones vinculadas a las nuevas modalidades del delito, los medios digitales de captación y las dinámicas de lavado de activos asociadas.
Su elaboración estuvo a cargo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, con equipos técnicos de la Dirección Operativa y de los ministerios de Seguridad, Justicia y Capital Humano. Reúne 26 medidas y 85 acciones implementadas por más de 50 organismos, organizadas en cinco ejes: Prevención, Asistencia, Persecución, Articulación y un nuevo eje de Innovación Tecnológica orientado a fortalecer las investigaciones patrimoniales y la detección temprana en entornos digitales.
El Plan propone una estrategia integral que articula al Estado y la sociedad civil, incorpora indicadores para el seguimiento y busca reforzar la capacidad institucional para detectar, combatir y sancionar la trata, garantizando mayores niveles de protección y restitución de derechos. Se trata de un compromiso colectivo frente a un delito complejo y en constante mutación, que exige respuestas coordinadas y el uso inteligente de nuevas herramientas tecnológicas.