| Mediante sentencia de primera instancia del 22.12.2022, se rechazó la acción de amparo promovida en virtud de una denegatoria por parte de la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a un pedido de acceso a la información pública. Interpuesto recurso de apelación contra tal decisión, la Cámara de Apelaciones sostuvo que: (i) la negativa de la autoridad administrativa en proporcionar la información solicitada se fundó sustancialmente en que el pedido encuadraba en la excepción a proporcionar información prevista en el inciso l) del artículo 8 de la Ley 27.275; (ii) de acuerdo a la interpretación dada al artículo 34 de la ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), los expedientes administrativos instruidos a fin de investigar la existencia de una posible conducta anticompetitiva resultan, en principio, públicos solo para las partes y sus defensores; mientras que –por el contrario– tales procedimientos son “siempre” secretos para los terceros. Los recurrentes no cuestionaron la constitucionalidad de la norma, siendo que tal carácter ostenta las resoluciones, dictámenes e informes que se dictan en esos procedimientos; (iii) no se verifica la existencia de una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en el acto de la Administración que rechazó el pedido de acceso a la información pública, en tanto lo actuado se ajusta a una excepción prevista en la Ley 27.275. Por lo cual se confirmó la sentencia de primera instancia que confirmo la decisión de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. |
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