Desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible en Argentina adquiere rango constitucional, puesto que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
Así, las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las de las generaciones futuras, con la responsabilidad del Estado de proveer la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales y a la educación ambiental.
A nivel mundial, la definición más clásica y aceptada de desarrollo sostenible va en línea con lo expresado en nuestra Constitución Nacional y tiene sus orígenes en el Informe Brundtland, publicado oficialmente en 1987 bajo el título "Nuestro Futuro Común" (Our Common Future). El concepto, también formalizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone énfasis en el desarrollo sostenible como la maximización del crecimiento económico y el desarrollo social, asegurando al mismo tiempo que los activos naturales sigan proporcionando los servicios ecosistémicos de los que depende nuestro bienestar.
En Argentina, promovemos el desarrollo sostenible a través de variadas iniciativas que articulan diferentes sectores y áreas temáticas, de las que participan actores públicos, privados y la comunidad. Este trabajo articulado propone la incorporación de nuevas formas de organización, aprovechamiento de materiales y la incorporación de consideraciones de sostenibilidad en las elecciones cotidianas.
Abarca la articulación con cámaras empresariales, organismos públicos y de la sociedad civil, e incluye la incorporación de consideraciones ambientales para el consumo y la producción sostenibles, mediante la mejora de los procesos para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y la prevención de la contaminación, entre otros temas.
En el ámbito internacional, el país forma parte del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP), el cual se implementa a través de seis programas:
-
Compras públicas sostenibles,
-
Turismo sostenible y ecoturismo,
-
Información al consumidor,
-
Estilos de vida sostenible y educación,
-
Construcción y edificación sostenibles,
-
Sistemas alimentarios sostenibles.