Protocolo de comunicación para el seguimiento y vigilancia epidemiológica (COVID-19) para egresados de establecimientos penitenciarios federales


El brote del nuevo coronavirus (COVID-19) en diferentes países del mundo, ha llevado a que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) lo declare como pandemia con fecha 11 de marzo de 2020, lo que motivó que en nuestro país se amplíe la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo, y en el marco de las políticas de prevención y control que viene impulsando la Administración Penitenciaria, teniendo en cuenta el agravamiento del escenario epidemiológico a escala nacional e internacional, los datos disponibles acerca de esta enfermedad y su mecanismo de transmisión, surge la necesidad de impartir recomendaciones extraordinarias a través de un protocolo de actuación con el objeto de prevenir la transmisión y propagación del virus en y desde los establecimientos penitenciarios federales a la comunidad, al egreso de las personas privadas de libertad, las cuales se suman a las medidas ya adoptadas en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

En ese contexto el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a través de las “RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN LUGARES DE DETENCIÓN”, recomienda que en el tratamiento y seguimiento médico de las personas privadas de la libertad que fueran liberadas, deberán considerarse procedimientos modificados que se orienten a asegurar la coordinación con las autoridades de salud para la atención y tratamiento de los liberados que hayan sido diagnosticadas o presentado síntomas de la COVID-19 o que hayan estado en contacto con personas diagnosticadas o sospechadas para disponer de medidas y espacios adecuados para su derivación y seguimiento, garantizando el transporte hacia sus domicilios, así como su protección y seguridad, evitando riesgos y teniendo en cuenta restricciones de movilidad o carencia de recursos económicos de los internos y sus familias.


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