El Plan Paraná es una estrategia de seguridad impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer el control fluvial en la Hidrovía Paraguay–Paraná, el principal corredor logístico del país. Su objetivo es blindar la vía navegable y recuperar el control sobre una ruta utilizada por el crimen organizado para el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil. El centro operativo se encuentra en Isla del Cerrito (Chaco), punto estratégico donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay.

El despliegue combina patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, e inspecciones de control permanente a lo largo de los 1.700 kilómetros de hidrovía argentina. También incluye la reactivación del equipamiento tecnológico fuera de servicio desde 2018 y la presencia de unidades especiales y patrullas mixtas en zonas críticas.

El plan se implementa en etapas coordinadas que abarcan la identificación de puntos vulnerables, el despliegue operativo y el seguimiento de resultados mediante inteligencia criminal. En el tramo norte se prioriza el control del contrabando y del “tráfico hormiga”, mientras que en el tramo sur se refuerzan los puertos y zonas de carga con escáneres, canes detectores y monitoreo satelital.

Complementariamente, el Plan Paraná se integra a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas”, junto a los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí, consolidando una política de Estado basada en la cooperación interinstitucional, la tecnología aplicada y la presencia federal en el territorio.

Con coordinación, profesionalismo y decisión política, el Plan Paraná garantiza la presencia del Estado sobre el corredor fluvial más importante de la Argentina, transformando una ruta históricamente utilizada por redes criminales en un eje de seguridad, desarrollo y soberanía nacional.