El Observatorio Argentino de Drogas (OAD) de la Sedronar y la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y DDHH han comenzado a trabajar en una serie de estudios de alcance nacional que se desarrollarán de forma conjunta durante los años 2022 y 2023. Este proyecto colaborativo entre espacios gubernamentales con diversas incumbencias se propone poner el foco de indagación sobre el complejo escenario moldeado por las leyes 23.737 y 22.415, que regulan la tenencia y el contrabando de estupefacientes.

La utilización de la ley penal actualmente es la principal herramienta para intervenir sobre los mercados de drogas ilícitas, con escasos resultados en relación a la actividad de esos mercados y con excesivos costos en términos de vulneración de derechos humanos. Es en este contexto que se tendrá como lineamiento general, en cada uno de los estudios, una perspectiva de género que busque comprender las particularidades de la población de mujeres y personas trans privadas de libertad por normativas asociadas a la tenencia y contrabando de sustancias psicoactivas. La privación de la libertad ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, que son detenidas mayoritariamente por transporte y distribución a pequeña escala de sustancias. Los motivos que llevan a estas mujeres a insertarse en los mercados ilegales incluyen, en la mayoría de los casos, un abuso de poder y un abuso de su situación de vulnerabilidad.

Este proyecto implica un trabajo interdisciplinario de caracterización de las poblaciones privadas de libertad por infracciones a las leyes N° 23.737 y N° 22.415 (en lo que refiere a contrabando de estupefacientes) y de conocimiento de los patrones que los expedientes judiciales leídos sistemáticamente descubren. Además se propone complementar la información producida en los distintos estudios con una indagación cualitativa sobre las historias de vida de las personas privadas de libertad, de forma tal que se pueda profundizar y contextualizar los hallazgos más significativos.

La caracterización de la población privada de libertad por infracciones a la leyes 23.737 y 22.415 se realizará a partir de la información oficial estadística penitenciaria disponible en el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). Este Sistema recopila periódicamente datos que permiten ver la evolución y características de la población privada de libertad en unidades penitenciarias, tanto a nivel federal (Servicio Penitenciario Federal) como provincial (instituciones penitenciarias provinciales). De este modo vuelve comparables, bajo las mismas unidades de análisis, datos provenientes de una pluralidad de instituciones ubicadas bajo competencias jurídicas y políticas diferentes.

Para analizar el abordaje judicial se trabajará con una estrategia metodológica mixta, combinando herramientas de tipo cuantitativas, como el análisis de índices estadísticos, con otras de tipo cualitativas, como entrevistas a funcionarios/as y análisis documental de doctrina y jurisprudencia.

Además, este proyecto se propone producir información cualitativa mediante la realización de entrevistas en profundidad sobre historias de vida de mujeres y personas trans privadas de libertad. Esto permitirá profundizar y contextualizar los principales resultados encontrados, mediante la indagación sobre los sentidos que los/as entrevistados/as le atribuyen a sus prácticas y experiencias vitales.

En los últimos años la cantidad de personas privadas de libertad por infracción a la Ley 23.737 ha crecido exponencialmente. Las personas detenidas por este tipo de delitos suelen dedicarse a la venta de estupefacientes en pequeñas cantidades como estrategia de subsistencia y su encarcelamiento no impacta significativamente sobre el crimen organizado. Dichas figuras, además, han mostrado un ostensible incremento en otros índices oficiales, tanto policiales como judiciales, que no se condice con el resto de los delitos. En este fenómeno de crecimiento de la población carcelaria la actuación de la justicia penal en la investigación y resolución de las causas representa un aspecto sustancial. Es por esto pertinente adentrarnos en estudios que asuman esta problemática, en tanto fenómeno multidimensional, mediante aproximaciones sucesivas que puedan dar cuenta de dichas complejidades desde una perspectiva de género y derechos humanos.

Se espera que los resultados obtenidos a partir de la realización de este conjunto de estudios puedan contribuir a revisar las políticas actuales, pensando en el diseño e implementación de estrategias que eviten la criminalización y encarcelamiento excesivo de personas vulneradas. Este posicionamiento resulta imprescindible y responde a la centralidad del uso de la cárcel como respuesta frente al problema de los mercados de drogas ilícitas.