Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) – 2020


La Nación y las jurisdicciones por la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657

El 9 y 10 de marzo de 2020 se realizó la primera sesión del año del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA), en la que con la presencia de autoridades sanitarias nacionales y de las provincias, se analizaron desde un enfoque federal los ejes de gestión para el período 2020/2023, que tienen como prioridad la efectiva implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

Al abrir las deliberaciones, el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, reconoció la mora del Estado en hacer efectivo el cumplimiento de la norma sancionada en 2010, que entre otros aspectos dispuso el paulatino cierre de las instituciones neuropsiquiátricas y su reemplazo por dispositivos de atención en servicios de salud mental en hospitales generales. “A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental se venció el plazo para el cierre de las instituciones asilares, y por eso inauguramos este encuentro federal con el desafío de que la ley de salud mental deje de ser letra muerta”, dijo el funcionario.

“En este momento difícil del país, los problemas no son sólo de recursos, sino que tienen que ver con el cambio de paradigma necesario y de orientación de las políticas públicas”, dijo Medina, que abrió las deliberaciones en representación del ministro Ginés González García.

Del encuentro tomaron parte el subsecretario de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, Sebastián Morreale; el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia; el director nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrionuevo; autoridades provinciales de salud mental y adicciones de las 24 provincias y de diversos organismos del Estado nacional; la secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión Nacional de la Ley N° 26.657; representantes del Consejo Consultivo Honorario en Salud mental y Adicciones; representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de universidades nacionales y trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Por su parte, el director nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrionuevo, reconoció la existencia de “muchos ejemplos de buenas prácticas en iniciativas que han tenido una dura batalla en los últimos años”, y anticipó que “nuestra política va a ser de apoyo irrestricto a todos los emprendimientos de inclusión, no solo asistenciales sino referidos al abordaje artístico, sociolaboral y comunitario”. Además, aseguró que se va a trabajar “para la efectiva desinstitucionalización de las personas”, y enfatizó que “la desmanicomialización también contempla revertir las lógicas manicomiales insertas en toda la sociedad, no solo en el dispositivo asistencial monovalente”.

Una agenda para la transformación

Durante las dos jornadas de trabajo fue presentada la propuesta de Tablero de Gestión Federal 2020-2023 por parte de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, así como también la propuesta de trabajo para la reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130.

Los representantes de la Nación y las provincias acordaron los principales objetivos de gestión y la planificación de líneas de acción estratégicas 2020-2023, adecuándolos a las distintas realidades locales.

Los propósitos de gestión de la Nación de cara a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental contemplan la adecuación de las instituciones monovalentes de salud mental, tanto públicas como privadas, a lo establecido en Ley 26.657, y la inclusión del eje de salud mental en el primer nivel de atención.

Eso incluye el impulso a la externación de personas que hoy están alojadas en instituciones monovalentes de salud mental sin criterio objetivo de internación, y el fortalecimiento de la internación por motivos de salud mental en hospitales generales, asegurando su accesibilidad y calidad. Se trata de las internaciones breves, tal como lo postula el espíritu general de la ley.

También el desarrollo e impulso a dispositivos de inclusión social, tanto los asistenciales –como centros de día u hospitales de día–, como los no asistenciales, entre los que se cuentan los emprendimientos productivos y los de expresiones artísticas y culturales.