En diciembre de 1993 el entonces presidente Carlos Menem y el ex presidente y jefe de la oposición, Raúl Alfonsín, se reunieron para promover una reforma de la Constitución Nacional. Ese acuerdo se conoció como “Pacto de Olivos”. Esa negociación entre las dos principales fuerzas políticas del país se convirtió en un “Núcleo de coincidencias básicas” y luego en una de las reformas más importantes de la Constitución Nacional. El 22 de agosto de 1994 se aprobó la última reforma a la Carta Magna, que amplió derechos e intentó realizar un control cruzado de las instituciones del país.

Después del Pacto de Olivos el Congreso aprobó rápidamente la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Se convocaron elecciones generales para designar 305 convencionales constituyentes y comenzó el trabajo de la Convención, que se reunió primero en la ciudad de Paraná, el 25 de mayo de 1994, y que después deliberó durante tres meses en la ciudad de Santa Fe. El 22 de agosto de 1994, el presidente Menem promulgó la nueva Constitución.

Principales puntos de la reforma

La Constitución Nacional es la ley fundamental de la Nación a la cual se someten todas las demás leyes del país, nacionales y provinciales. Además, organiza los poderes públicos y establece los derechos y garantías de los ciudadanos.

Las reformas de 1994 fueron amplias y comprendieron tanto la parte dogmática (derechos y garantías) como la orgánica (organización de los Poderes).

Se acortó de seis a cuatro años los períodos presidenciales, pero con posibilidad de una reelección. El objetivo fue reducir el hiperpresidencialismo, y para ello se creó la figura del Jefe de Gabinete de Ministros. Y se establecieron controles cruzados sobre el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, con la creación de la Auditoria General de la Nación, como un organismo de control externo del sector público nacional, y con la Sindicatura General de la Nación y el Defensor del Pueblo.

El Poder Ejecutivo, además, amplió su posibilidad legislar a través de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Por otro lado, se modificó la composición del Senado: se elevó a tres los senadores de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, dos por la mayoría y uno por la minoría.

Se amplió el período ordinario de sesiones del Congreso Nacional a nueve meses. Y se facilitó el acceso a la justicia de los ciudadanos al incorporar, por ejemplo, las acciones de amparo individual o colectivo.

La nueva Constitución otorgó mayor independencia a la justicia. Se creó el Consejo de la Magistratura de la Nación para el nombramiento de los jueces. Y se transformó al Ministerio Público Fiscal en un órgano autónomo. Respecto de la designación de jueces de la Corte Suprema, se mantuvo el mismo procedimiento pero se agregó el requisito de mayoría de dos tercios de los presentes del Senado.

Los tratados internacionales de derechos humanos adquirieron rango constitucional. Y se reconocieron las garantías de amparo, habeas corpus y habeas data.

También el derecho a la iniciativa popular, es decir, el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley y la consulta popular de determinados proyectos de ley.

Y se incorporó una serie de derechos: al medio ambiente sano y a la utilización racional de los recursos naturales, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, el secreto de la fuente periodística, y los derechos de los pueblos indígenas.

También se decidió la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Así, los vecinos de la ciudad lograron empezar a elegir a sus autoridades de manera autónoma.