Se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) el workshop "Identificadores genéticos para uso forense: Bases para la elaboración de un marco normativo en la República Argentina".  Las charlas a cargo de especialistas nacionales y del exterior exploraron los últimos adelantos científicos y tecnológicos en relación al ADN y su aplicación en el proceso judicial; además, se analizaron las potencialidades de una base de datos genética unificada a nivel nacional, y las características que debería reunir un proyecto de ley en la materia.

En ese marco, el secretario de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, expresó: "El ADN es un concepto relativamente novedoso del que sabemos muchas cosas, pero que todavía involucra aspectos que desconocemos. Hoy en día, se podría decir que conocemos qué lo compone, pero no cómo se codifica la vida". Luego, agregó: "Se trata de un tema extremadamente complejo vinculado con cuestiones que hacen a la dignidad y al bienestar de las personas, de ahí la importancia del intercambio de voces diversas".

Por su parte, Agustín Campero señaló: "Con el objetivo de aprovechar de la mejor manera los avances del conocimiento, este workshop pretende colaborar con un marco normativo que incorpore el uso de identificadores genéticos en el campo forense argentino; esta propuesta surge desde la cooperación entre las áreas nacionales de Ciencia, Justicia y Seguridad".

Entre los expositores del taller se encontraron el titular de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco, Dr. Carlos Romeo Casabona, quien colaboró en la redacción de la norma que regula en España el uso de información biológica por parte de la policía;  la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Dra. Mariana Herrera; y el Dr. Gustavo Sibilla de la Fundación Sadosky, que brindó precisiones sobre el software nacional GENis que permite contrastar perfiles genéticos para el esclarecimiento de delitos.

También participaron como oradores la directora del Laboratorio de ADN de la Procuración General de La Pampa, Dra. Cecilia Bobillo; el director del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal, Dr. Diego Carbone; y el director del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, Dr. Jorge Dotto. El encuentro fue coordinado por la titular de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa, Dra. Fabiana Arzuaga.

Durante su intervención, Casabona explicó que "la vinculación entre la ciencia y la justicia no es nueva, sino que tiene siglos de historia". "A lo largo de los años, las metodologías para la individualización de las personas fueron extendiéndose por los países, así como los esfuerzos por mejorar su fiabilidad; de allí la relevancia de las técnicas que utilizan el ADN, dado su nivel de certeza", destacó.

En ese sentido, Arzuaga remarcó el aporte de la ciencia para dilucidar casos que abarcan desde la desaparición forzada hasta agresiones de índole sexual, y comentó que trabaja desde 2006 con el equipo del Dr. Barañao para "poner en contacto a legisladores y organismos regulatorios con los conocimientos producidos a partir de distintos eventos científico-tecnológicos".

La primera parte del taller repasó aspectos fundamentales de la biometría y la fiabilidad de estos estudios; el uso de perfiles genéticos en el proceso judicial y los derechos fundamentales potencialmente afectados; junto con los principios de legalidad, de intervención judicial y de proporcionalidad, y el análisis de la experiencia española en la temática. La segunda parte, reseñó la labor desempeñada en archivos de muestras biológicas, como son el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Registro Nacional de Huella Genética.

El workshop "Identificadores genéticos para uso forense: Bases para la elaboración de un marco normativo en la República Argentina" fue una iniciativa conjunta con el Programa Nacional Ciencia y Justicia del CONICET, que reunió entre sus asistentes a técnicos de laboratorios de las Fuerzas de Seguridad, integrantes de los Ministerios públicos Provinciales y Nacionales, miembros de la Defensoría General de la Nación, y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).