El objeto de la reunión fue articular la puesta en marcha de la Decisión Administrativa 862/2022, recientemente dictada por el gobierno nacional, que tiene por objetivo la simplificación integral de trámites y gestiones que les permitan a las organizaciones sociales de la economía popular poder acceder a mecanismos más rápidos en materia de otorgamiento de beneficios y rendición de cuentas.

Específicamente, la normativa dispone que las jurisdicciones y entidades del sector público que tengan a su cargo la ejecución de programas sociales, deberán requerir a la Inspección General de Justicia, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, o al Registro Público Provincial u organismo local competente, según corresponda, la información sobre la constitución y el funcionamiento de organizaciones de la comunidad constituidas como asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones mutuales o cooperativas.

Asimismo, durante el encuentro, se definió la mecánica a través de la cual SIGEN otorgará precios testigos a los movimientos sociales que presenten presupuestos para sus adquisiciones.

El encuentro contó con la participación de representantes de diversos organismos, entre ellos, las secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Desarrollo Productivo, dependientes del Ministerio de Economía; miembros del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; integrantes del Ministerio de Desarrollo Social, así como también representantes de la Secretaría de Innovación Pública, de la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

También participaron el Síndico General Adjunto de la Nación, Máximo Borzi, el Gerente de Precios Testigo, Emilio Ribera y la Subgerenta de Control de Organismos y Jurisdicciones del Control Social; Liliana Carcagno.

Durante el encuentro, Montero resaltó la importancia de una articulación “que ha dado ya muchísimos frutos, con resultados concretos y normativas clave”. En ese sentido, Montero señaló que “se trata de poder dinamizar los procedimientos, ordenar y simplificar, sin perder la transparencia necesaria en todos los actos de gobierno”. Y destacó: “Es una decisión que los tiempos se acorten y las soluciones lleguen más rápido”.

Por su parte, Matías Pozo, miembro del RITEP, subrayó que “la decisión administrativa sube el piso para poder trabajar en proyectos de mejora productiva y fortalecer las capacidades del sector de la economía popular”.