El encuentro estuvo encabezado por Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y Carlos De Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de CEPAL. En el mismo, se presentó la Guía para la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

En este marco, Beatriz Anchorena, titular de la AAIP y en representación de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), participó del panel “Diálogo regional: Fortalecimiento de las capacidades para la implementación nacional”.

Dicho panel contó también con las exposiciones de Juan Bello, Representante Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Claudio Tomasi, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fernanda Gil Lozano, Directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Allí, la Titular de la AAIP destacó que desde la Red se celebran los avances en la implementación de dicho acuerdo y se encuentran a disposición para cooperar con los distintos países de la región con el objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el acceso a la información, la participación social y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para la promoción de los derechos humanos y del desarrollo sostenible.

“Para ello resulta necesario fortalecer las capacidades de coordinación de las políticas públicas en el ámbito de la transparencia, la participación social y el acceso a la información pública en pos de la democracia ambiental”, resaltó Anchorena.

El Acuerdo de Escazú se adoptó en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y su implementación comenzó en 2021. Es el primero pacto jurídicamente vinculante para los países de la región en materia de justicia y asuntos ambientales.

Entre los 13 países que procedieron a la ratificación del Acuerdo de Escazú se encuentra la República Argentina notificándose, el 22 de enero de 2021, como Estado parte.

Este acuerdo busca luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.