El Ministerio de Salud de la Nación realizó una serie de capacitaciones en Mendoza sobre salud mental y derechos humanos destinada a trabajadores del sistema sanitario y del Poder Judicial con el objetivo de mejorar la articulación en el abordaje de la problemática de las personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.

Durante dos jornadas, los asistentes trabajaron en la comprensión del papel de la legislación en la promoción y protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales, al tiempo que debatieron acerca de la importancia de consensuar políticas públicas para que los servicios de salud mental garanticen esos derechos.

En la apertura estuvo presente la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, Elisabeth Crescitelli, y el titular de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, Luciano Grasso.

“La legislación en salud mental es fundamental para promover y proteger los derechos de las personas con padecimientos psíquicos. Sabemos que son sectores muy vulnerables. Por ello esa protección legal no alcanza si no se reduce la brecha entre la normativa y la realidad, si ese marco normativo no va de la mano de un modelo de atención que garantice esos derechos”, enfatizó Grasso.

La actividad también se propuso difundir fundamentos respecto al derecho a la capacidad jurídica, a la libertad y a la seguridad de la persona; el derecho a la autonomía y al consentimiento informado, y a lo que éstos significan en los procesos de atención y tratamiento de las personas con padecimientos mentales.

En esta oportunidad, la capacitación contó con la participación de 180 personas. Se prevé replicar la experiencia en otras provincias y también se realizará en instancias virtuales de formación en articulación con los diferentes órganos de revisión y autoridades locales.

Esta iniciativa fue organizada por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones conjuntamente con el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental y la Asociación de abogados y abogadas de Buenos Aires. Mientras que del ámbito provincial participaron la Dirección de Salud Mental local, la Defensoría General del Ministerio Público y la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial provincial.