La pesquisa llevó dos meses y arrojó información precisa acerca del establecimiento de un taller clandestino en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Allí se confeccionaban prendas que, en clara infracción a la ley de marcas, luego se comercializaban en la feria de La Salada. La Policía Federal Argentina detuvo a la dueña de las propiedades y rescató a 36 víctimas de explotación laboral.

Los allanamientos se llevaron a cabo siguiendo una instrucción fundamental del Ministerio de Seguridad: la protección de la integridad física y emocional de todos los damnificados. Para eso, se realizó un trabajo conjunto con funcionarios del programa de Rescate de Personas del Ministerio de Justicia, de la Dirección Nacional de Migraciones y la Municipalidad de la Matanza.

A partir de los datos que surgieron durante la investigación, el personal de la Delegación Morón de la Policía Federal  irrumpió en tres viviendas en Ciudad Evita. Los efectivos confirmaron sus sospechas: no solo funcionaba un gran taller clandestino para la fabricación ilegal de prendas de vestir, sino que también se había emplazado un consultorio odontológico sin ningún tipo de autorización.

Tras la detención de la mujer que se presentó como la propietaria del lugar, se entrevistó a las víctimas se explotación laboral. De esta forma, se supo que ocho de ellas eran menores, en tanto que también había ciudadanos de nacionalidad boliviana sin la documentación migratoria correspondiente. Asimismo, los uniformados notificaron a las autoridades locales sobre las condiciones de falta de salubridad e higiene, que derivaron en la inmediata clausura.