Considerando la necesidad de establecer criterios que permitan que los sujetos obligados fundamenten adecuadamente cada respuesta en la cual se deniegue una solicitud de acceso a la información pública, la Agencia de Acceso a la Información Pública elaboró criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la Ley 27.275.

Estos criterios abarcan:

• La debida fundamentación;
• La inexistencia de la información requerida,
• La prueba de interés público,
• Las pautas formales.

Los criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la Ley 27.275 encuentran en la Resolución 268/2019 publicada en el Boletín Oficial.