La reunión tuvo como principal objetivo disipar las inquietudes trasmitidas por parte de los representantes del organismo, las que fueron planteadas públicamente en fecha 16 de diciembre y a solo seis días de haber asumido el nuevo gobierno constitucional, a través de la red social X, por parte del Sr. Clement Voule, Relator Especial de Naciones Unidas sobre libertad de reunión pacífica y asociación, quien manifestó su preocupación “sobre un anuncio presidencial que criminaliza la #protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la #fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales.”.

Tales expresiones fueron vertidas sin haber consultado previamente los pormenores, detalles e implicancia de la aplicación del protocolo en cuestión a ningún representante del Estado argentino o bien de este Ministerio. Tales opiniones vertidas por dicho funcionario vulneran procedimientos elementales de consulta, que lesionan la ecuanimidad de un organismo de derechos humanos.

En la reunión realizada, la Ministra manifestó su incomodidad y falta de acuerdo por el procedimiento seguido en torno a emitir opiniones de relatores del organismo sin haber consultado ni tenido ni una sola reunión con representantes del gobierno argentino. Asimismo, señaló que dicho protocolo regula provisiones legales del Código Penal Argentino en su artículo 194. El protocolo busca evitar comportamientos extorsivos de organizaciones sociales, las que además obligan a sus miembros a asistir a marchas y les cobran “multas” por no participar en las mismas. En las últimas semanas el gobierno argentino recibió miles de denuncias en este sentido.

Finalmente, la ministra resaltó que existe detrás de estas ofensivas contra este instrumento, la vocación explícita de miembros de la oposición y de organizaciones afiliadas a ellos, de promover con estos comportamientos extorsivos un clima de inestabilidad política e institucional verificado en varias oportunidades en la historia reciente.

Los funcionarios de las Naciones Unidas recibieron dichas inquietudes y quedaron en informar al gobierno argentino el tenor de sus interpretaciones del ordenamiento jurídico interno de nuestro país.