Una delegación integrada por autoridades de los ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se presentó ayer en República Dominicana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de exponer la situación sobre el acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país.

La comisión argentina fue encabezada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, y contó con la participación del subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Brian Schapira, y la coordinadora técnica de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva (DSSyR) de la cartera sanitaria nacional, Gabriela Perrotta.

Ante la CIDH, los representantes argentinos expresaron el compromiso del país en brindar toda la información que le sea solicitada al Estado Argentino en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes así como a brindar información a los legisladores sobre los estándares internacionales en relación al aborto, en el marco del debate legislativo sobre el tema.

La audiencia, que se realizó en la ciudad Santo Domingo en República Dominicana, corresponde al período extraordinario N° 168 y fue solicitada a la CIDH por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Católicas por el Derecho a Decidir para abordar la situación del derecho al acceso de las personas a la Interrupción legal del embarazo (ILE) en nuestro país.

El secretario Avruj destacó que “en nuestro país, el aborto no es punible cuando el embarazo se encuadra en las causales establecidas en el artículo 86 del Código Penal de la Nación: riesgo para la salud o la vida de la persona embarazada o embarazo como consecuencia de una violación” y relató cómo en 2012 la Corte Suprema de Justicia argentina, en el caso F.A.L., “sostuvo que la interrupción de la gestación proveniente de una violación no es punible y que su práctica no está supeditada a trámite judicial alguno, siendo suficiente una declaración jurada de la víctima”.

También recordó cómo la Corte exhortó en ese momento a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos y protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la persona requirente del servicio.

Por su parte, la coordinadora de la DSSyR enfatizó que “la voluntad del Estado argentino en este sentido se traduce en acciones como la jerarquización del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable creado en 2003 y actualmente elevado a Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, así como el trabajo intersectorial que se realiza en el marco del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, junto con el Ministerio de Desarrollos Social y de Educación”.

En ese marco, también enumeró las políticas de salud que desarrolla la cartera sanitaria nacional como fortalecer los sistemas provinciales con el fin de mejorar la cobertura y calidad de la atención de la salud sexual y la salud reproductiva; garantizar el acceso universal a los servicios sanitarios, a través de la información, la difusión y la distribución de insumos; capacitar en materia de interrupción legal del embarazo a los equipos profesionales, en aspectos legales y técnicos, en articulación con los programas provinciales; y promover los derechos sexuales y los derechos reproductivos de poblaciones específicas como las conformadas por personas con discapacidad, personas migrantes y LGBTI.

Asimismo, indicó que en el año 2017 se distribuyeron 5,6 millones de tratamientos de métodos anticonceptivos hormonales orales, 68.000 DIU, 101.385 implantes subdérmicos, 22 millones de preservativos, 1.711.944 inyectables, 1400 SIU y 364.200 tratamientos de anticoncepción hormonal de emergencia, además de tests de embarazo y hormonas para población trans.

Al cierre de la audiencia, los miembros de la Comisión agradecieron la participación de los asistentes y la información brindada. En ese marco, subrayaron la importancia de que la Argentina garantice la Educación Sexual Integral, el ejercicio de la objeción de conciencia sin excesos y con responsabilidad profesional y la implementación efectiva de los protocolos existentes.
El propósito de estas audiencias es recibir informaciones sobre la situación de derechos humanos respecto a determinadas temáticas en países o en la región, así como emitir recomendaciones para el respeto y goce de los derechos humanos.