La ministra de Seguridad, Nilda Garré, mantuvo esta tarde un encuentro con una delegación de la Federación Argentina de Municipios (FAM) encabezada por su presidente Julio Pereyra, intendente del partido bonaerense de Florencio Varela. En la reunión, a la que asistió también la Secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Ileana Arduino, los intendentes expusieron los primeros resultados del Observatorio  de Seguridad Ciudadana puesto en marcha en septiembre de 2010.

Esta institución creada en base al modelo de “seguridad democrática” que tiene como objetivos “medir, analizar, planificar, actuar y evaluar” todas las variables vinculadas a la seguridad pública, desde las estadísticas del delito hasta los resultados prácticos de políticas públicas.

Las autoridades de la FAM coincidieron con los funcionarios del Ministerio de Seguridad en la necesidad de articular “los tres niveles de gestión, nacional, provincial y municipal” para alcanzar resultados efectivos en materia de prevención y conjura del delito.

En ese marco, se acordó iniciar una cooperación estrecha para llevar adelante “verdaderas políticas de Estado que atiendan el fondo de los problemas de seguridad, capacitando para ello a funcionarios municipales”, expresó la Ministra Garré.

Las políticas impulsadas por la FAM propugnan la descentralización del sistema de seguridad, a favor de la acción de proximidad propia del nivel comunitario y municipal, explicó Pereyra.

Para ello, la FAM puso en marcha un programa de capacitación para funcionarios, que incluye intercambio de información con pares de países de la región.

“El derecho a la seguridad no se garantiza sólo con medidas policiales y judiciales. Si no se aborda el problema seriamente, desde la prevención, la contención de los jóvenes sin escolaridad ni trabajo, la reinclusión social de ex convictos liberados, entre otras medidas, estaremos sólo lidiando con las consecuencias”, destacó Garré tras la reunión.

Finalmente, los intendentes destacaron los tres ejes centrales sobre los que se sustentan las políticas que propugnan y que coincide con las prioridades del Ministerio de Seguridad: trata de personas, narcotráfico y robo de autos, delitos que tienen una incidencia directa en los niveles de violencia social.