Señores Ministros,

Estamos dejando atrás un año signado por procesos electorales que dan paso a una nueva etapa de la vida institucional de la Argentina. La expresión popular se hizo sentir en todos los rincones de la Patria y significó la reafirmación de la voluntad y el mandato de profundizar una filosofía de gobierno de hondo carácter democrático con inclusión social. El sistema político en nuestro país acaba de alcanzar un nuevo punto de equilibrio, cuya naturaleza es preciso analizar y reconocer para actuar en consecuencia.  

Quienes tenemos la responsabilidad de gestionar los asuntos relacionados con la seguridad pública, conocemos perfectamente el peso que sobre la paz social tienen las políticas de inclusión. Se ha dicho repetidamente en foros especializados de política criminal que no puede haber justicia penal donde no hay justicia social. Traigo al discurso esta expresión para subrayar que el Gobierno que desde 2003 conduce los destinos del país, ha efectuado los  aportes que más impactan sobre las políticas de seguridad: la inclusión y la igualdad. Sólo nos cabe a quienes debemos implementar las políticas específicas unir esfuerzos y actuar con toda la inteligencia, la energía, la creatividad, la consecuencia y la eficacia que se espera de nosotros, como parte de un Estado presente y en permanente gestión por el bienestar del pueblo.

Esto importa seguir avanzando en el proceso de construcción de consensos a que me referí al abrir el I Plenario de este Consejo. Y al expresarme de esta manera no estoy haciendo más que reconocer que el camino recorrido en este año tan especial ha sido sembrado de acuerdos, de conocimientos mutuos, de depósito de confianzas recíprocas, que nos permiten progresar hacia nuevas y mejores etapas. No puedo sino agradecerles el esfuerzo que han realizado  para comprender, asumir y acompañar el complejo proceso que nos tocó iniciar hace poco menos de un año.

Efectivamente, ustedes han visto en qué circunstancias la Presidenta tomó la trascendental decisión de dotar a la problemática de la seguridad de una herramienta imprescindible, como es un  ministerio específico para comenzar a construir también una mirada federal que permita hacer de la coordinación de esfuerzos una realidad cuya  necesidad resulta palmaria frente a las más graves formas de conflicto y criminalidad. 

En ese camino, algunos pasos dados permiten poner en evidencia la determinación presidencial a la que aludí previamente y a los que voy a referirme sucintamente.

En primer lugar, el Operativo CENTINELA que requirió disponer de unos seis mil efectivos - y sus pertrechos - de Gendarmería Nacional para acudir en ayuda de los esfuerzos de policía que venían desarrollando las autoridades del Gobierno y los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en línea con la necesidad de ir promoviendo una concepción metropolitana en el diseño de las políticas públicas de seguridad, pusimos en marcha el denominado PLAN UNIDAD – CINTURON SUR de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un esfuerzo inédito mediante la movilización de  2500 efectivos y pertrechos provenientes de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval,  en un movimiento que además implicó la redistribución de casi 1000 efectivos policiales de la Policía Federal en el resto del territorio de la ciudad, a los efectos de maximizar así el servicio policial y  generar respuestas específicas para aquellas problemáticas que fueron objeto de diagnóstico previo. El anuncio efectuado ayer en relación con el despliegue de 700 efectivos de la Gendarmería Nacional  y la Prefectura Naval abocados a la custodia de los accesos a esta Ciudad, dan también testimonio de que estamos en un escenario de continuidad.

Este proceso, en una mirada comprometida con todo el territorio y centrada en las responsabilidades ineludibles del gobierno federal en materia de seguridad se complementa con  la implementación del OPERATIVO ESCUDO NORTE, centrado en el combate estratégico al narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el norte del país. Todo ello en el marco de un proceso de radarización sustentado en el desarrollo tecnológico nacional, en plena implementación.

Algunos resultados están a la vista, diariamente podemos informar incautaciones de drogas que nos permiten comparativamente señalar que 2011 ha sido un verdadero punto de inflexión.

Estas decisiones ancladas en la centralidad de los recursos operativos y en la urgencia que marca la hora respecto del control y represión de las más complejas formas de criminalidad, debe ser analizada, en directa relación con el desarrollo de  una dinámica activa de diálogo e interacción con los gobiernos provinciales que hemos pretendido fijar en estándares distintos, asumiendo que del dinamismo de esas relaciones depende en gran medida la posibilidad de consolidar una verdadera política de Estado a nivel Federal.

Hemos consolidado también a lo largo de este año, quizás con la intervención que dio inicio a la vida institucional de este Ministerio,  una verdadera tradición que ennoblece a nuestra democracia, como es la política de intervención prioritariamente disuasiva y no represiva de las fuerzas de seguridad en el ámbito de las manifestaciones públicas. Justo es reconocer que la dinámica de la protesta social ha cambiado sustancialmente, que podemos decir que es tan cierto que se ha consolidado una praxis de legitimidad  de demanda y protesta como que los motivos y circunstancias estructurales que las explicaban allá por 2003,  han variado radicalmente fruto de una política de gobierno en los que la inclusión, la generación de empleo, el reestablecimiento de la mediación política y la representación de los intereses genuinos de los más desposeídos han sido actores protagónicos. Difícilmente hubiera podido proclamarse una política no represiva de la conflictivdad social si al mismo tiempo el Gobierno Nacional no hubiera desarrollado en estos 8 años una política sostenida de erradicación de las causas profundas del conflicto social.

Así, durante 2011, se han coordinado complejas acciones tendientes a descomprimir las manifestaciones públicas mediante métodos que en ningún caso generaron situaciones que haya que lamentar y pudimos avanzar en este proceso de consolidación poniendo a consideración de las provincias el acta acuerdo de “Criterios Mínimos para la intervención de Fuerzas Policiales en manifestaciones públicas” como pautas orientadoras que aseguren a todos los argentinos un estándar igualitario de intervención.  Al mismo tiempo, la propuesta consolidada en estándares mínimos,  permitió a las distintas provincias adecuarlas en cuanto fuera necesario y compatible con su espíritu, a cada realidad local.  La masividad de las adhesiones así lo evidencian.

Idéntico proceso se realizó ya casi con resultado finales en el ámbito de las cuatro fuerzas federales, promoviendo una mesa de trabajo coordinada desde el Ministerio de Seguridad, que ha promovido protocolos específicos y detallados para cada una de las cuatro fuerzas policiales, respetando  también sus particularidades organizativas, las experiencias concretas de intervención que tienen a diario y capitalizando sobre todo, la capacidad adquirida de hecho durante todos estos años.

Se impulsó desde el Ministerio el Plan Nacional de Participación Comunitaria, concentrado inicialmente en esta Ciudad Autónoma pero que progresivamente va ampliándose a través de la demanda de otras provincias, tal es el caso del Chaco cuyo Ministro adhirió plenamente en nuestra primera reunión o la reciente apertura de una Escuela de Participación Comunitaria en el Municipio de Avellaneda,  en acuerdo con el intendente y la Universidad Nacional de esa ciudad. Es nuestra intención promover la expansión de la experiencia porque estamos convencidos de que  la alianza con la comunidad, representada en forma diversa y amplia, es estratégica para construir políticas representativas de las demandas ciudadanas y actúa como un mecanismo de control que permite resaltar lo que funciona y corregir con premura las malas prácticas o estrategias.

Entendemos que la comunidad necesita actores institucionales locales y provinciales con capacidad de gestión.  De más está decir que para el año 2010 muchas provincias ya tenían sus experiencias en marcha en materia de desarrollo de institucionalidad para la gestión de los asuntos de seguridad, bajo una concepción que aprehendiera en forma cabal el desafío de construir gobierno civil de la Seguridad.

Es por ello que con la premura de un ministerio en marcha activamos una primera experiencia de formación destinada a funcionarios municipales, en coordinación con el Instituto Nacional de la Administración Pública para facilitar el acceso a la mayor cantidad de interesados.  Este proceso de formación estuvo precedido por la articulación con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, lo que permitió identificar experiencias, relevamiento de necesidades e intereses que favorecieron el diseño de una oferta que contemplara las necesidades locales. A la fecha 261 funcionarios municipales se sumaron a la iniciativa

En otro orden, se han impulsado desde el Ministerio acciones estructurales para el fortalecimiento tecnológico y operacional de las fuerzas policiales y de seguridad, algunas de las cuales forman parte central del temario de esta reunión.

Pero antes de referirme puntualmente a ellas, quisiera instarlos a colaborar en la remisión de información relativa a la dotación de recursos humanos y materiales de cada fuerza provincial. Esta información permitirá contar con un cuadro de situación real y actualizado de las necesidades integrales del sistema federal de seguridad interior. Como afirmamos en la Primera Reunión de este Consejo, es voluntad del Poder Ejecutivo Nacional asistir en la satisfacción material de esos requerimientos.  Pero para ello es necesario primero arribar juntos a un diagnostico comprensivo que permita proyectar estrategias plurianuales de provisión de insumos comunes a todas las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. La estandarización, la consolidación de requerimientos y la articulación  logística interjurisdiccional traerán consigo mejores chances de interoperabilidad y escalas de demanda que justifican la apuesta a  desarrollos de producción nacional.  En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación hemos avanzado este año  en negociaciones con distintos componentes del Sistema Científico, Tecnológico e Industrial para producir localmente armamento portátil, municiones, chalecos, cámaras lectoras de patentes, cámaras térmicas e infrarrojas, scanners, narices electrónicas y sistemas informáticos, que serán de utilidad transversal a todas las fuerzas del país. Ponernos de acuerdo en estas prestaciones significa potenciar la generación de valor agregado nacional y abre la puerta a canales de financiamiento que redundarán en beneficio del conjunto. Del mismo modo, el reciente convenio que hemos suscripto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para la provisión de imágenes satelitales de utilidad para la seguridad pública extenderá beneficios tanto a fuerzas nacionales como provinciales.

Entrando al temario de este día, quiero destacar nuevamente, en relación con el punto N° 1, el alto nivel de consenso alcanzado. Las inquietudes receptadas por vía de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo en relación a partes específicas de algunos documentos, serán giradas a las áreas técnicas pertinentes a efectos de su rápido análisis y evacuación. En este contexto, también me es grato invitarlos a participar de la elaboración de insumos teóricos que se originarán en el recientemente creado “Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad” (INEES) que permitirán enriquecer nuestra comprensión de la fenomenología dinámica del delito y mejorar la calidad de la respuesta estatal.

El punto segundo del temario, referido a la incorporación de nuevas tecnologías a los fines de ampliar los medios disponibles de apoyo a las políticas de seguridad, es considerado de alto valor estratégico en la misión que tenemos por delante.

El pasado 7 de noviembre la Presidenta de la Nación, Dra Cristina Fernández de Kirchner, instituyó mediante el Decreto 1766/2011 el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS).  Esta decisión implicó dar un salto cualitativo en la articulación entre distintas áreas del Estado Nacional, en este caso con el Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior, permitiendo   optimizar los mecanismos para la identificación de individuos y rastros con fines de seguridad. Esta será una herramienta de gran utilidad para la investigación científica del delito y para el cumplimiento de mandatos judiciales referidos a pedidos de captura, de inhibiciones para salir o ingresar al país y de restricciones para el ingreso a determinados espacios como espectáculos deportivos, entre otros. De esta forma, al favorecer el esclarecimiento de delitos y la captura de prófugos, y al mejorar las posibilidades de impedir la presencia de individuos con conductas potencialmente peligrosas en determinados ámbitos, también favorecerá la dimensión preventiva de la seguridad pública.

La potencialidad de esta iniciativa se verá sustancialmente incrementada con la adhesión de las provincias. En unos momentos haremos una visita al Centro Biométrico ubicado en el Primer Piso de este mismo edificio, donde podrán familiarizarse con la infraestructura que dará soporte al sistema. Los invito a suscribir el Convenio que tienen a disposición lo que permitirá proveer la conectividad, hardware y la capacitación necesarias para operativizar las consultas y socializar los beneficios al conjunto del Sistema Federal de Seguridad Interior.

Contamos también en inminente estado de formalización con el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB).  En la actualidad todas las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, cuentan en sus estructuras orgánicas con áreas encargadas del análisis pericial de evidencia balística vinculada a delitos cometidos con armas de fuego, pero la información obtenida no se almacena aún en una base única, encontrándose fragmentada en diversos registros. Por ello es preciso desarrollar una Base Central Nacional que permita su explotación para el conjunto del Sistema Federal de Seguridad. Este año hemos incorporado la infraestructura informática para hacer posible esta indispensable herramienta. La misma estará disponible en breve para que todas las provincias, sus policías y el Poder Judicial se sirvan del mismo.

Otro punto del temario está relacionado con una mayor presencia de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal trabajando en conjunto con sus áreas homologas de las provincias. Esta Dirección acompañará las tareas de coordinación que se llevan adelante por intermedio de la Secretaría Ejecutiva, lo que permitirá estrechar los vínculos y enriquecer el trabajo de apoyo a la prevención y conjuración de delitos. Se fortalecerán las acciones en esta área y se procederá a efectuar la renovación tecnológica necesaria. Muchas provincias han recibido oportunamente importantes aportes en esta materia. En general y lamentablemente, debemos decir que por unas u otras razones, la experiencia que se pretendió realizar a través de la REDUNIC fracasó. Estas enseñanzas deben resultarnos útiles para no repetir errores. En casos de las provincias que  recibieron los elementos pertinentes, los mismos deben quedar expeditos y, si es necesario, se procederá a la actualización de los programas informáticos orientados a la georeferenciación de delitos y análisis de grupos o redes criminales; ello, acompañado de la capacitación y el servicio de consultoría que fuere menester. Para las provincias que aún no cuenten con los programas respectivos, se procederá a verificar las posibilidades de su provisión.

Por último, los invito a suscribir el Acta Acuerdo para la generación de estándares mínimos comunes en materia de información criminal.  La recolección, sistematización y análisis de la información relacionada con los fenómenos delictivos y de violencia, constituyen insumos básicos para el diseño de políticas de seguridad. Establecer parámetros delictivos comparables dentro de un país federal como el nuestro, mediante información confiable y representativa de lo que ocurre en la realidad, permitirá a la Nación y a las Provincias coordinar con la mayor eficacia el accionar de sus respectivas agencias.  

Deseo terminar mi exposición reiterando el agradecimiento por la predisposición al entendimiento. Todos los debates son posibles y todos los acuerdos necesarios. Intensificaremos nuestra presencia en el interior del país todo lo que sea posible y útil, incrementado los controles de eficiencia al interior de nuestras propias fuerzas y dependencias. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañarlos permanentemente. Pero, para que este acompañamiento sea más efectivo, debemos intensificar la capacidad de nuestras áreas técnicas y de control. No puede haber gobierno político de la seguridad sin que contemos con cuadros de profesionales altamente capacitados. Esta tarea debiera ser encarada lo más rápidamente posible, así como instar a la formación de ministerios específicos en todas las provincias. E irradiar hacia los municipios a imagen y semejanza.

Les deseo a todos ustedes un muy buen año 2012 y los exhorto a contribuir, con el aporte y el trabajo continuo, a que sus conciudadanos puedan disfrutar en paz y armonía el brillante momento que vivimos los argentinos.