El Ministerio de Ambiente celebra que el Acuerdo de Escazú esté en condiciones de entrar en vigencia

A partir de la aprobación de México, se alcanzó el número necesario de países que debían ratificar este tratado vinculante. Argentina lo hizo a fin de septiembre, convirtiéndose en el décimo Estado en hacerlo.


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, celebra que el Acuerdo de Escazú haya reunido las condiciones para su entrada en vigencia. Esto se da a partir de la aprobación del undécimo país en ratificarlo, concretada ayer con el aval del Senado mexicano.

Con la ratificación por parte de México se alcanzó el piso mínimo de naciones necesarias para aprobarlo, por lo que finalmente podrá entrar en vigor el tratado vinculante sobre información, participación y justicia ambiental para América Latina y el Caribe.

Argentina, en tanto, fue el décimo país en convertirse en un Estado parte. Luego de la votación de la Cámara de Diputados, realizada el 24 de septiembre, el país ratificó el acuerdo por la vía legislativa. En aquella oportunidad, el ministro Cabandié felicitó la sanción del Congreso Nacional, al tiempo que reconoció que “la ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”.

Los países que ya lo habían aprobado, además de Argentina y México, fueron Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los Estados parte de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.