El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) aprobó una profunda actualización del procedimiento de registro de marcas con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica, reducir tiempos de tramitación y alinear el sistema argentino con los estándares internacionales más modernos.

La Resolución 583/2025, firmada por el presidente del organismo, Carlos María Gallo, redefine el alcance del examen administrativo y reorganiza las etapas del proceso para hacerlo más ágil, eficiente y previsible.

La medida establece que, desde ahora, el INPI limitará su examen inicial a las prohibiciones absolutas previstas en la Ley de Marcas, aquellas relacionadas con el carácter distintivo del signo y el orden público, y dejará en manos de los titulares de derechos la decisión de oponerse a nuevas solicitudes en casos de conflictos privados, como similitud con marcas anteriores o uso de nombres y seudónimos.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró el cambio central que introduce esta normativa: ”Ahora el INPI solo mirará motivos absolutos para rechazar una marca, que son, básicamente, chequear que no copie otra marca y que el nombre no sea el que el lenguaje castellano le da al producto (si registro la marca "pantalón" podría luego bloquear a otros a vender pantalones). Chequeadas esas dos cosas, se publica la marca para ver si hay alguien que quiera oponerse. De no ocurrir la oposición, se otorga la marca”.

De este modo se evita que la administración nacional genere objeciones innecesarias en ausencia de un interés real por parte de terceros, ofreciendo mayor celeridad sin afectar la calidad del análisis jurídico.

La resolución también reorganiza el procedimiento: el examen formal y de registrabilidad se realizará inmediatamente después del ingreso de la solicitud y antes de su publicación. Si no existen observaciones o éstas son subsanadas, la marca será publicada durante un día en el Boletín de Marcas, abriéndose el plazo legal de 30 días para la presentación de oposiciones. Si no se registran impugnaciones, la solicitud será concedida automáticamente, acortando de manera significativa los tiempos de otorgamiento.

En caso de oposiciones, se aplicarán los mecanismos previstos en la Ley Nº 22.362 y, de corresponder, el procedimiento administrativo regulado por la Resolución INPI P-183/18. Asimismo, la norma establece un cronograma de implementación: el artículo 1 entra en vigencia inmediata y se aplica también a las solicitudes ya iniciadas, mientras que la reorganización procedimental prevista en el artículo 2 regirá desde el 1° de marzo de 2026.

Con esta reforma, el INPI avanza hacia un sistema marcario más moderno, previsible y orientado al desarrollo productivo, fortaleciendo la protección de activos intangibles clave para emprendedores, pymes y empresas de todo el país.