El Gobierno reglamentó la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis
En el Día Mundial del VIH, se lanzó además una campaña de comunicación masiva con eje en la prevención, el acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno, y la noción de Indetectable = Intransmisible.
En el marco del Día Mundial del VIH, el Gobierno formalizó mediante Decreto 804/2022, publicado en el Boletín Oficial, la reglamentación de la Ley Nacional 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis, por la que se designa al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación.
“Estamos muy contentos de haber cumplido con la reglamentación de esta ley integral e intersectorial, que involucra el trabajo interdisciplinario y la intervención coordinada a nivel federal de muchos actores”, afirmó la jefa de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti, y destacó que “es producto de una construcción colectiva, de la que participaron siete ministerios nacionales y las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones a través del Consejo Federal de Salud, la sociedad civil y expertos en la materia”.
La ministra se refirió además al “compromiso del Presidente para que hoy, en el Día Mundial del VIH, podamos tener el decreto reglamentario”, y enfatizó que con esta norma se fortalecerá el acceso a la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas.
En esta línea, el Gobierno nacional puso en marcha hoy una campaña de comunicación masiva de concientización en torno a VIH, a través de medios de comunicación, vía pública y redes sociales, con eje en la prevención, el acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno, y la noción de Indetectable = Intransmisible.
Tras poner en valor que se trata de la primera campaña con este nivel de alcance lanzada desde 2008, Vizzotti indicó que “son los ejes fundamentales que necesitamos que toda la población conozca” y explicó: “el preservativo es la mejor vía para prevenir el VIH y otras infecciones de trasmisión sexual que están aumentando en el país y en el mundo, y el testeo es la herramienta más importante para saber si vivimos con VIH y, en caso de ser positivos, poder acceder a tratamientos que están cubiertos por el Estado y que hacen que podamos vivir como si no tuviéramos el virus”.
Por último, agregó que “el tercer concepto, Indetectable = Intransmisible, implica que una persona con diagnóstico de VIH y con carga viral indetectable no transmite el virus”.
Sancionada y promulgada en julio de 2022 por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación, la Ley 27.675 cambia el paradigma y actualiza la Ley Nacional de Sida 23.798, que había sido sancionada en agosto de 1990. En ese marco, la nueva legislación cuenta con un enfoque de géneros y de derechos humanos, que busca garantizar la atención integral de manera gratuita e impulsa la eliminación del estigma y la discriminación.
Se trata de una norma construida en forma colectiva, impulsada por las organizaciones de la sociedad civil, las fuerzas políticas legislativas y diferentes organismos del Estado, poniendo el foco en lo social y apuntando a mejorar la calidad de vida de las personas, previniendo las muertes evitables.
La ley declara de interés público acciones dirigidas tanto al desarrollo de tecnologías sanitarias para un mejor diagnóstico y tratamiento del VIH, como la promoción de la capacitación, la investigación y la comunicación junto a mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos esenciales evitando la discriminación.
Entre otras medidas, prohíbe la realización sin consentimiento de pruebas de diagnóstico de VIH, Hepatitis e ITS sin el correspondiente consentimiento, tanto para los exámenes preocupacionales como durante la permanencia en el espacio laboral o para ingresar a instituciones educativas, por mencionar algunos de ellos. Además, posibilita la jubilación anticipada a aquellas personas de 50 años que viven con VIH hace 10 años y que cuentan con al menos 20 años de aportes; y otorga una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.