Al iniciar la gestión, el Gobierno se encontró con un sistema de salud en decadencia y prácticamente quebrado. Esto es producto de años de falta de inversión, de congelamientos en los valores de las cuotas de la medicina prepaga y por ineficiencias de fiscalización y control.

Con este diagnóstico, a través del DNU 70/2023 y sus decretos reglamentarios, la Superintendencia de Servicios de Salud -organismo autárquico bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación- desreguló el sistema de salud con el objetivo que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas y con el fin de impulsar la libre competencia entre los distintos actores.

Como encargado de fiscalizar a las empresas de medicina prepaga y de garantizar que haya competencia entre los integrantes del mercado, el organismo supervisó y analizó las conductas de las principales empresas durante los primeros cuatro meses del año y observó abusos en el aumento de los valores de las cuotas.

Por esta razón, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó hoy una acción de amparo que contiene una medida cautelar en la justicia para retrotraer estos aumentos que, según lo que estudió, fueron abusivos producto de una posición dominante en el mercado.

Esta acción abarca inicialmente un universo de 18 prepagas que contemplan casi el 90% de los beneficiarios cubiertos por este régimen. También se pidió que se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses.

Asimismo, en una acción complementaria, la Secretaría de Comercio, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, avanzó con una medida tutelar contra empresas del sector por cartelización.

El gobierno no permitirá y castigará fuertemente la cartelización y el abuso de precios, ya que considera que una cosa es la libre competencia y otra, muy distinta, es ponerse de acuerdo para aumentar los precios casi el doble del índice de inflación.

Las empresas del sector tenían con el gobierno anterior un acuerdo de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados. Ahora, buscaron compensarlo atentando contra todos los argentinos y hasta destruyendo el propio sistema de salud del cual son parte.

Para el gobierno es fundamental tener un sistema de salud más solidario, equitativo y competitivo, impulsando la libre competencia entre los distintos actores y la libertad de elección de los beneficiarios. El camino es ese, no que los argentinos paguen por el arreglo entre los empresarios y el gobierno anterior.