Más agilidad, sin perder control

La actualización del Código Alimentario dejará de pasar por una comisión asesora y será responsabilidad directa de la ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y del SENASA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ambos con equipos técnicos especializados.

Esta medida permitirá reducir burocracia y acelerar decisiones basadas en evidencia científica.

Despapelización y digitalización

Se fortalece el uso de la Base Única de Datos del Sistema Nacional de Control de Alimentos (hoy llamada SIFEGA) a cargo de la ANMAT, que será alimentada y actualizada a diario por los organismos participantes, mejorando la trazabilidad, el registro de productos, la vigilancia permanente y el monitoreo de infracciones.

Se eliminan estructuras y funciones obsoletas

Se derogan artículos del decreto original que ya no se corresponden con la realidad del sistema actual, incluyendo la figura de las "cabinas sanitarias" en rutas —hoy reemplazadas por controles digitales y otras tecnologías— y campañas preventivas que ahora se canalizan desde cada organismo según su competencia.

Esta actualización también contempla la reducción de plazos administrativos: todos los trámites regulatorios vinculados al CAA deberán resolverse en un máximo de 15 días hábiles, generando previsibilidad para el sector productivo.

Estas medidas responden a la necesidad de contar con un sistema más ágil, moderno y transparente, que permita adecuar el CAA a los avances científicos, tecnológicos y productivos del sector alimentario.

Con esta decisión, el Estado reafirma su compromiso con un sistema alimentario más competitivo, garantizando al mismo tiempo los más altos estándares sanitarios para los consumidores, siempre manteniendo la instancia de intercambio técnico con el sector privado.

Federalismo en el control

Las autoridades sanitarias provinciales y de CABA siguen siendo parte del sistema, utilizando la base de datos, generando información para la toma rápida de decisiones sanitarias (como retiros de alimentos del mercado y alertas sanitarios) y con capacidad de fiscalización en sus jurisdicciones.

Esta decisión se enmarca en los principios rectores del Gobierno Nacional: eficiencia, simplificación, modernización del Estado y eliminación de estructuras duplicadas o ineficaces, sin afectar los estándares de seguridad alimentaria ni el control sobre la calidad y sanidad de los productos que consumen los argentinos.