La causa se inició a partir de una denuncia radicada por una mujer en junio pasado, quien manifestó haber recibido en su domicilio un sobre que contenía tarjetas de crédito y débito a su nombre, emitidas por un banco extranjero. En un primer momento, la damnificada creyó que se trataba de la renovación de una extensión de una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de su padre.

No obstante, ante la situación solicitó a su progenitor que realizara una consulta en la entidad bancaria emisora, donde se constató que se habían efectuado consumos millonarios a través de la extensión asignada a su hija. Además, se verificó la solicitud de préstamos y la realización de pagos a distintas entidades, todos efectuados de manera online. Frente a ello, la víctima denunció los movimientos fraudulentos, desconoció las operaciones y procedió a dar de baja la extensión.

De manera paralela, se realizó una consulta en la sucursal del banco ubicada en la localidad de Caseros, donde se encontraba radicada la cuenta, a fin de esclarecer el envío de las tarjetas al domicilio de la damnificada. Así fue como se determinó que dichos productos correspondían a una nueva cuenta bancaria abierta a nombre de la víctima en una sucursal del partido de Moreno. De inmediato, se gestionó la baja de la cuenta y el bloqueo de las tarjetas.

Asimismo, el personal ejecutivo de la entidad bancaria informó a los titulares que la apertura de la cuenta se había efectuado de manera presencial, mediante la presentación de un DNI a nombre de la mujer, aunque con la fotografía de otra persona, motivo por el cual se les recomendó realizar con urgencia una denuncia por robo de identidad.

En consecuencia, tomó intervención el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, Secretaría N° 8 del Dr. Ignacio Calvi, quien encomendó la investigación a la División Antifraude de la PFA.

A partir de ello, los federales llevaron adelante análisis de datos y trabajos de campo, logrando identificar a dos de los principales responsables. Uno de ellos es un hombre argentino mayor de edad, actualmente detenido en una comisaría de la localidad de Isidro Casanova por una causa de violencia de género. El segundo implicado, con un frondoso prontuario por estafas, se encuentra prófugo de la Justicia junto a su pareja.

Con el avance de las pesquisas, también fueron identificadas tres mujeres que integraban la estructura delictiva. Una de ellas sería la autora material de la apertura de la cuenta bancaria utilizando el DNI apócrifo, mientras que las otras dos habrían actuado como prestanombres, recibiendo en sus cuentas bancarias transferencias del dinero obtenido ilícitamente.

Como resultado de las averiguaciones, se detectaron cinco inmuebles vinculados a las maniobras fraudulentas: tres ubicados sobre las calles Azul, Huemul y Huaraz de la localidad de González Catán; uno sobre la calle Castañón de Isidro Casanova; y el restante sobre la calle Pujol de Villa Luzuriaga.

Con el material probatorio reunido, el juez Jorge Rodríguez ordenó los allanamientos en las mencionadas fincas, donde detuvieron a las tres principales investigadas. Durante los procedimientos, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos tarjetas SIM, un posnet vinculado a una aplicación de pago online y documentación.