La causa se inició a partir de diez investigaciones conexas por delitos de fraude digital: los hechos consistían en el “hackeo” de cuentas de mensajería instantánea mediante el ingreso a sitios falsos a través de enlaces fraudulentos, con el fin de engañar y estafar a las víctimas.

A raíz de estas maniobras, la U.F.I. Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de La Matanza —a cargo de la Dra. Lorena Pecorelli, Secretaría de la Dra. Daniela Sánchez— encomendó a la División Delitos Tecnológicos de la PFA la investigación del caso.

De esta manera, los detectives realizaron tareas de campo que incluyeron el análisis de movimientos bancarios y de billeteras virtuales, logrando detectar la actividad de una banda especializada en el acceso no autorizado a cuentas de WhatsApp a través técnicas de phishing en páginas falsas.

Las víctimas eran captadas por medio de publicaciones engañosas en la plataforma Marketplace de Facebook. Una vez obtenidas las credenciales, los delincuentes utilizaban las cuentas vulneradas para estafar a los contactos de los damnificados, con un perjuicio económico superior a los 20 millones de pesos y criptomonedas. Los fondos luego eran canalizados en la compra y distribución de criptoactivos para dificultar su rastreo.

Gracias al ciberpatrullaje, el análisis de redes sociales y el seguimiento de operaciones bancarias, los investigadores identificaron a los integrantes de la organización y 21 domicilios vinculados a las maniobras, ubicados en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires, incluyendo un pabellón del Servicio Penitenciario Bonaerense en la ciudad de Magdalena.

Con estas pruebas, el Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial de La Matanza —a cargo de la Dra. Carina Alejandra Andrijasevich, Secretaría de la Dra. Jessica Viviana Ventrice— ordenó los allanamientos, donde fueron detenidos tres hombres y tres mujeres, y se notificó de la causa a otras seis personas.

En las requisas se incautaron tres CPU, 13 teléfonos celulares, una tableta, tres notebooks, un disco rígido, un posnet, un pendrive y 2.400 dólares en criptoactivos, entre otros.

Cabe destacar que durante toda la pesquisa se contó con la colaboración del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA. Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor, acusados por el delito de defraudación informática.