La investigación se inició el 30 de mayo de este año, a partir de una denuncia recibida en la Línea 145, que alertaba sobre un grupo delictivo que captaba mujeres para ser explotadas sexualmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, conducida por la Fiscal General Dra. Verónica Escribano, con intervención de la Auxiliar Fiscal Dra. María Florencia Monella. La División Unidad Operativa Federal (DUOF) Comodoro Rivadavia de la PFA llevó adelante tareas de observación, seguimientos y ciberpatrullaje en distintas plataformas digitales de ofertas sexuales.

Por disposición judicial, también se realizaron intervenciones telefónicas y análisis de videos de vigilancia, lo que permitió determinar que al menos siete mujeres eran trasladadas desde la provincia de Buenos Aires hacia Comodoro Rivadavia, donde permanecían entre 15 y 20 días para luego ser explotadas sexualmente.

Durante la pesquisa, se identificó a tres mujeres que controlaban la actividad de las víctimas mediante cámaras instaladas en los domicilios utilizados para el delito y que adquirían de manera recurrente pasajes aéreos para el traslado de las damnificadas.

Allanamientos y resultados

Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Garantías de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Eva Parcio de Seleme, ordenó tres allanamientos simultáneos en la ciudad patagónica (calles Ameghino y Granaderos) y en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos concluyeron con la detención de las tres sospechosas y el secuestro de 21 teléfonos celulares, una notebook, una computadora portátil, un pendrive, un posnet, más de 2,5 millones de pesos en efectivo, un pasaje de avión y otros elementos de interés para la causa.

En uno de los domicilios allanados fueron rescatadas siete mujeres; una de ellas fue incorporada al Programa Nacional de Rescate, mientras que las restantes decidieron permanecer en el lugar tras recibir asistencia.

Las imputadas son dos ciudadanas argentinas, de 30 y 34 años, y una mujer de nacionalidad dominicana de 52 años, todas ellas acusadas de infracción a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas. Quedaron a disposición de los magistrados intervinientes.