Fue a través de la Policía Federal Argentina (PFA), en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Investigaciones, que allanaron siete domicilios repartidos por la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires y, además, en San Antonio de Obligado, Santa Fe.

Los efectivos de la División de Trata de Personas Metropolitana de la Policía Federal junto con funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones desarrollaron durante dos años tareas exhaustivas de inteligencia criminal, bajo las órdenes del Juzgado Federal N° 2 y el Juzgado Federal de Reconquista.

Como consecuencia de lo recolectado durante la profunda investigación, el personal policial descifró el modus operandi de la banda criminal: explotaban laboralmente a sus víctimas en un campo en Virrey del Pino y vendían los productos vegetales envasados a grandes cadenas de supermercados en todo el país.

Las personas explotadas -de nacionalidad paraguaya, argentina y boliviana- fueron encontradas con una situación habitacional deplorable y en condiciones de hacinamiento y en total vulneración de sus derechos, eran capturadas en la provincia de Santa Fe para luego ser trasladadas de manera golondrina y por temporada a la provincia de Buenos Aires, donde recolectaban y cultivaban la mercadería.