El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, participó de la inauguración de la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe —conocido como Acuerdo de Escazú—.

La sesión de apertura estuvo a cargo del presidente de Chile, Gabriel Boric Font. Allí también expuso Nicolini, quien mencionó: “Que estemos hoy aquí reunidos refleja la voluntad de los Estados de fortalecer la democracia ambiental en la región y en el mundo”.

“Desde Argentina entendemos a Escazú como una apuesta al multilateralismo, a la cooperación Sur-Sur para potenciar nuestras capacidades institucionales. También, como un acuerdo que expresa un aprendizaje, una toma de conciencia para nosotros: que hoy, más que nunca, las decisiones que afectan al ambiente deben ser tomadas de la mano de la ciudadanía”, agregó la secretaria de la cartera que conduce Juan Cabandié.

Nicolini también felicitó al pueblo chileno por la organización del evento y resaltó la importancia del acuerdo para la región: “Tenemos un enorme y diverso potencial de desarrollo a partir de nuestros recursos naturales. Esto se dio por orden natural. No sucede lo mismo con las desigualdades que azotan a la región y que tanto se agudizan con los impactos de la crisis climática. Allí tenemos un problema con múltiples facetas que resolver”. “Por eso, nuestras intervenciones sobre el ambiente deben estar guiadas por una visión transformadora de la realidad, que atienda las urgencias de nuestra querida Patria Grande, que garantice y amplíe derechos y nos conduzca hacia un desarrollo sostenible”.

En este mismo sentido, la funcionaria detalló la necesidad de contar con financiamiento para poder llevar adelante acciones de adaptación y mitigación y declaró: “Tenemos que unir fuerzas para exigir a los países con mayores ingresos que cumplan con sus compromisos climáticos. ¿Cómo pensar en un presente y futuro justo para la región sin esa transferencia de recursos y tecnología por parte de ellos?”.

“En estos días de trabajo nos espera un debate sobre cómo queremos que sea el modelo de desarrollo sostenible de nuestros países de cara a los próximos 20 o 30 años. Eso es lo que está en discusión cuando consensuamos nuestras políticas y derechos ambientales. En ese desafío, quienes representamos a los Estados debemos involucrar a la ciudadanía de manera plena y efectiva en la toma de decisiones, para construir un futuro más justo y equitativo, sin dejar a nadie atrás”, culminó la secretaria.

El encuentro se prolongará hasta el próximo viernes 22 de abril y reunirá por primera vez a autoridades y representantes oficiales de los países que ya son parte del primer tratado ambiental de la región y de otros que están en proceso de serlo. Asimismo, se revisará el estado de la implementación del Acuerdo y se avanzará en su operativización.

Además, los países participantes abordarán las reglas de procedimiento de la COP, entre las que se mencionan: modalidades para la participación significativa del público; disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento e implementación del tratado; y las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Asimismo, debatirán las estrategias para una efectiva implementación del mencionado acuerdo y una mayor cooperación en la región.

La sesión de apertura también contó con las intervenciones de Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica (de manera virtual); Andrea Sanhueza y Karetta Crooks-Charles, representantes electas del público; y Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo que ejerce la secretaría del Acuerdo de Escazú.

Cabe mencionar que el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y ratificado por 12 de ellos. Estos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021.