El presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el DNU 388/21 que restablece la vigencia de la redacción original de un conjunto de artículos de la Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, a partir de los cuales se devuelve la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cabe señalar que esta dirección está integrada por la Auditoría de Asuntos Internos, el Tribunal de Disciplina Policial y la Defensoría del Policía de Seguridad Aeroportuaria. Su principal función es “velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones” de la PSA, lo que la faculta a “ordenar la instrucción de las actuaciones sumariales” y “dictar la disponibilidad preventiva o la desafectación del servicio” de los agentes federales imputados por cualquier violación a las normas del organismo. Estos mecanismos de control externo y transparencia institucional que promueve Sabina Frederic desde la conducción del Ministerio de Seguridad, son una demanda que fue solicitada por el titular de la PSA, José Glinski.

Contrariamente a los mecanismos de auditoría externa, el gobierno anterior, mediante el Decreto 95/2018, había modificado la Ley 26.102 y pasando esta dirección de control a depender de la de la propia dirección nacional de la PSA, lo que reducía drásticamente la transparencia e independencia que la norma procuró generar desde que fue sancionada.

A partir del DNU publicado hoy en el Boletín Oficial, se restablece el carácter externo determinando que la dirección funcione en el ámbito de la cartera encabezada por Frederic, quien designará a su titular, establecerá su organización y funcionamiento y la dotará con personal para el cumplimiento de sus funciones.

Se trata de una medida de gran importancia ya que la PSA, en el marco de la construcción de una seguridad democrática, vuelve a ser la única fuerza que contempla esta instancia de control externo integral, lo que va en línea con el compromiso asumido por el Estado argentino, que expresamente se formula entre las reparaciones previstas en un Acuerdo Amistoso alcanzado en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de “…avanzar en la elaboración de un proyecto de ley para la regulación e implementación de una auditoría externa integral” en todas las fuerzas federales.

De este modo, el presidente Fernández y la ministra Frederic hacen efectivo dicho compromiso asumido con la CIDH, lo que constituye una nueva ratificación del rango constitucional de los Acuerdos Internacionales suscriptos por la Argentina que dispone el inciso 22 del Artículo 75 de la Carta Magna.