En nuestro país, desde la sanción de la primera Ley Nacional N°26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas en 2008, se estableció que la primera asistencia o asistencia inmediata implica una pronta respuesta a las necesidades de las víctimas en lo que respecta a poder ofrecerles un alojamiento temporal; asistencia material, psicosocial, médica y jurídica; condiciones de seguridad y si la víctima fuera extranjera, la posibilidad de retorno a su país o la regularización de su condición.

Esta primera instancia la lleva adelante el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas - bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, que cuenta con oficinas regionales en todo el país y que tiene como objetivo proveer asistencia psicológica, social, médica y jurídica a las víctimas de la trata de personas, desde el mismo momento que son rescatadas de sus lugares de explotación, hasta la declaración testimonial. Una vez producida ésta, la responsabilidad sobre una asistencia integral corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

Asimismo, en 2012 a partir de la Primera Reunión Nacional de Autoridades en Materia de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas, cada provincia designó un punto focal encargado de articular las acciones de protección y promoción de la propia jurisdicción, implementando así, el Protocolo Nacional de Asistencia a Víctimas de Trata, que había sido aprobado por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en noviembre de 2008.

A partir de allí, se estableció que la SENNAF se haría cargo de la asistencia de las víctimas extranjeras y las víctimas menores de 18 años de edad, quedando la asistencia integral de las víctimas nacionales adultas en manos de las provincias.

En ese contexto, la SENNAF, en tanto Punto Focal Nacional de Asistencia, establece el nexo con los Puntos Focales Provinciales (con sus propias redes de articulación al interior de cada provincia). Estos puntos focales son los encargados de articular las acciones de protección y promoción en su jurisdicción, es decir, de poner en funcionamiento el Protocolo Nacional de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas.

Desde 2015, por Resolución 1280/2015 de la Jefatura de Gabinete de Ministros se crea además el Protocolo Único de Articulación donde se establecen a su vez las funciones de los ministerios nacionales integrantes del Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata en todo el circuito que va desde el momento de la denuncia hasta la asistencia a las víctimas inclusive.