El Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) recolecta y consolida datos para el análisis de información estadística criminal de la Argentina, que se encuentra disponible en el micrositio de Estadísticas Criminales donde se publican informes y bases de datos. Allí se brinda información sobre hechos presuntamente delictuosos registrados por las policías de las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Fuerzas Federales de Seguridad (Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina) y el Servicio Penitenciario Federal y otras entidades oficiales de recepción de denuncias, en todo el ámbito del territorio de la República Argentina.

Sin embargo, se detectaron reiterados pedidos de acceso a la información pública sobre datos y reportes que se encuentran disponibles en el micrositio, lo cual revela la necesidad de aumentar la difusión y establecer diferentes canales de comunicación sobre la información disponible, así como la falta de vinculación del área con las organizaciones.

¿De qué manera podrían canalizarse las demandas ciudadanas que llegan a través de las solicitudes de acceso a la información sobre datos ya disponibles? ¿Cómo se podría establecer una articulación con las organizaciones de la sociedad civil? ¿A través de qué mecanismos? ¿Qué acciones podrían contribuir a visibilizar y poner en valor la información publicada en el micrositio para que sea de utilidad a la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil?

El Ministerio de Capital Humano, creado en 2023, tiene un rol clave en la implementación de políticas públicas que impactan directamente en la sociedad. Su misión es desarrollar políticas de protección y fortalecimiento destinadas particularmente a las poblaciones vulnerables, a través de la centralización de políticas en materia de Educación, Trabajo y Niñez, Adolescencia y Familia, con el propósito de lograr el máximo desarrollo del capital humano.

Este organismo se encuentra formado por los entonces Ministerios de Desarrollo Social; Educación; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los cuales contaban con sus estructuras institucionales, marcos normativos, criterios de gestión y sistemas operativos diferentes. En este marco, uno de los desafíos identificados es fortalecer la transparencia y la manera en que la ciudadanía accede a la información referida a programas y servicios (y sus respectivos beneficiarios); lo cual conlleva la producción, sistematización y puesta a disposición de información pública en forma clara, coherente y accesible.

Por otra parte, se verifica una fragmentación en los circuitos de rendición de cuentas, lo que limita la posibilidad de brindar información de fácil comprensión para la ciudadanía, erigiéndose como otro desafío, en miras a consolidar una cultura de apertura dentro del Ministerio y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

¿Cómo se podría mejorar el acceso y la disponibilidad de información pública destinada a la ciudadanía que producen las áreas involucradas? ¿Qué acciones podrían mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las áreas de trabajo, educación y niñez? ¿Cómo podría el Ministerio facilitar el seguimiento ciudadano de sus políticas y acciones?

Desde la creación de la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana en 2016, el Consejo de la Magistratura ha avanzado sustancialmente en la producción y difusión de información pública. No obstante, se ha observado una demanda sostenida de información ya publicada —o fácilmente accesible— reflejada en solicitudes reiteradas o consultas frecuentes vinculadas con el uso del Portal de Gestión de Causas y otros servicios digitales del Poder Judicial. Asimismo, el Consejo se propone fortalecer la política de apertura de información así como continuar con lo dispuesto por la Ley 27.275.

Esto evidencia dos desafíos persistentes: por un lado, ampliar y actualizar los datasets publicados; por el otro, mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando el acceso comprensible, rápido y eficiente a la información judicial disponible.

¿Qué información relevante no se encuentra disponible en el portal? ¿De qué manera mejorar la accesibilidad y visibilidad de la información publicada para reducir pedidos de acceso a la información y brindar una mejor experiencia a los usuarios? ¿Cómo se podría involucrar a la ciudadanía en el proceso de apertura de información del Consejo?

Argentina atraviesa un verdadero boom en la producción de hidrocarburos impulsado por el descubrimiento y desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, así como por los avances tecnológicos que hacen posible su explotación eficiente.

En esta nueva industria de Oil & Gas, altamente intensiva en tecnología, el valor de los datos no ha pasado desapercibido. Las principales operadoras han incorporado sólidas capacidades de ciencia de datos y analítica avanzada para optimizar sus procesos, desde la exploración hasta la producción (por ejemplo, análisis predictivo de rendimiento de pozos, mantenimiento basado en datos, modelado geológico, entre otros).

En este ecosistema, la Secretaría de Energía cumple un rol estratégico que va más allá de lo que puede alcanzar la industria por sí sola: la recopilación, sistematización y publicación de datos clave para el desarrollo del sector. Este rol es fundamental para garantizar la transparencia, la estandarización de la información y el acceso equitativo a datos críticos, incluso en áreas donde no hay incentivos comerciales inmediatos para producirlos.

Desde 2016, la Secretaría publica datos abiertos en el portal Datos Energía, una herramienta de consulta permanente para la industria, con estándares de calidad comparables a los de los principales portales internacionales.

Sin embargo, se requiere fortalecer el intercambio entre el Estado y la industria, para potenciar el desarrollo con un enfoque basado en datos y orientado a robustecer la previsibilidad, la competitividad y la transparencia del sector.

¿Qué mecanismos de colaboración se pueden generar para vincular a los actores involucrados en el sector energético? ¿Qué actores deberían participar de estos espacios de colaboración? ¿Qué acciones podrían facilitar el intercambio de información entre actores y potenciar el portal de Datos Energía?

Limitaciones estructurales y procedimentales que dificultan la implementación sostenida de políticas de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en la Universidad Nacional de Córdoba.

Si bien se han logrado importantes avances en materia de transparencia activa y acceso a la información en diversas instituciones públicas, en el ámbito universitario persisten obstáculos estructurales que limitan la sostenibilidad y efectividad de estas políticas. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, la implementación de la Ley 27.275 y otras prácticas vinculadas al gobierno abierto depende en gran medida de esfuerzos manuales, procesos no estandarizados y capacidades dispersas.

La carga manual de información en los portales institucionales, la inexistencia de un protocolo de gobernanza de datos, y la falta de automatización en los procesos de publicación dificultan que estas acciones perduren en el tiempo, más allá de las gestiones políticas de turno. Esta situación genera riesgos de discontinuidad y afecta la posibilidad de contar con información actualizada, accesible y útil para la ciudadanía.

Además, la creación de la Red Universitaria Abierta conlleva la necesidad de afianzar la articulación interna y externa para promover una cultura institucional de gobierno abierto que involucre a la comunidad universitaria con la sociedad civil.

¿Cómo se podría mejorar la implementación de la Ley 27.275 en la Universidad? ¿Qué procesos y herramientas podrían facilitar la automatización de carga manual de información a los portales institucionales? ¿Cómo se podría garantizar la gobernanza de datos institucionales? ¿Qué acciones podrían afianzar la articulación entre actores internos y externos para promover la cultura institucional de gobierno abierto?

En la actualidad se observa que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) se encuentra ante un escenario de potencial crecimiento en materia de producción y estandarización de los datos que genera. Sin embargo, se plantean desafíos significativos como la falta de protocolos de calidad de la información y trazabilidad de datos generados. Por otra parte, se evidencia la necesidad de mejorar la calidad de los datos producidos que se brindan a la ciudadanía. Además, se busca ampliar el conocimiento de las áreas de la HCDN sobre la gobernanza de datos, entendiendo que es la antesala para lograr un salto de calidad en los portales de transparencia, si se observan otros sitios a nivel internacional.

Asimismo, avanzar en el tratamiento de las dificultades expuestas requiere establecer mecanismos de articulación entre diversas áreas de la Cámara y de colaboración con actores externos.

¿Qué acciones podrían desarrollarse para implementar un marco de gobernanza de datos que garantice la calidad de la información y su trazabilidad? ¿A través de qué mecanismos se podría generar la articulación entre actores internos de la Cámara para abordar los desafíos planteados? ¿De qué manera se podría incorporar a los actores externos para colaborar en el abordaje de la problemática?

La Universidad Nacional del Litoral tiene una sólida trayectoria de trabajo conjunto con diversos actores: gobiernos locales, organizaciones sociales, sector productivo. Ejemplo de ello son el Consejo Social, que promueve el diálogo con la sociedad civil; el Parque Tecnológico del Litoral Centro, que impulsa empresas tecnológicas desde una alianza público-privada; MUNIGESTIÓN, que acompaña a municipios y comunas en innovación y gestión; y el Programa de Alimentos Nutritivos, que produce alimentos nutritivos y accesibles junto a cooperativas y organizaciones sociales.

A pesar de estas iniciativas, se observa una limitada participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de innovación de las universidades, como la UNL. Esta desconexión genera que las ideas, necesidades y conocimientos que surgen del territorio no sean adecuadamente contemplados en el diseño e implementación de soluciones a problemas públicos locales.

Además, en la UNL existen diversas áreas de extensión que llevan adelante iniciativas vinculadas a la innovación, pero lo hacen de manera fragmentada, lo que plantea la necesidad de articular sus acciones e integrar a la sociedad civil en un espacio de trabajo colaborativo.

La ausencia de mecanismos de articulación efectivos limita la capacidad de los espacios de innovación para incorporar demandas de la comunidad, desaprovechando así oportunidades valiosas para generar respuestas más eficaces, sostenibles y ajustadas a los contextos y desafíos locales.

¿Cómo se pueden aprovechar mejor las capacidades técnicas y académicas de la Universidad para resolver problemas sociales concretos identificados por las organizaciones del territorio? ¿Qué mecanismos pueden mejorar la articulación entre las diferentes áreas de extensión de la Universidad dedicadas a la innovación, para potenciar su impacto en el territorio? ¿Qué acciones podrían garantizar una participación equitativa y sostenida de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios de innovación?

A más de una década del primer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, los avances en materia de apertura de datos han sido sustanciales. No obstante, también han emergido nuevos desafíos. Si bien la transparencia activa, la participación ciudadana y la rendición de cuentas se han fortalecido, más datos no siempre se han traducido en mejores decisiones, más oportunidades o una mayor generación de valor.

La experiencia demuestra que la mera publicación de datos no garantiza decisiones inteligentes, mayor eficiencia, ni políticas más efectivas, tanto en el ámbito público como en el privado. Cuando los datos están incompletos, desactualizados, mal estructurados o son difíciles de interpretar, se limitan el conocimiento, la innovación, así como la capacidad del Estado, la industria y la sociedad civil, para tomar decisiones, evaluar resultados y adaptarse a nuevos escenarios.

Hoy en día, el desafío ya no es solo abrir más datos, sino también asegurar que sean relevantes, confiables, completos, actualizados, accesibles y reutilizables. Avanzar hacia una política de datos de calidad es clave para consolidar los logros alcanzados y habilitar una nueva etapa del gobierno abierto centrada en el uso inteligente de la información pública.

En este marco, la Dirección de Datos Abiertos, con la colaboración de la Agencia de Acceso a la Información Pública, trabaja en un proceso evaluativo de la calidad de los datos disponibles en el Portal Nacional de Datos Públicos.

En este sentido, se plantean una serie de preguntas centrales: ¿Cómo determinar la calidad de los datasets? ¿Cómo podría participar la sociedad civil en este proceso evaluativo? ¿Qué acciones podrían implementarse para elevar los estándares de publicación y aumentar la calidad de los mismos?

En los últimos años se avanzó en diferentes estrategias para transversalizar el enfoque de Estado Abierto en provincias y municipios, a través de la colaboración entre las jurisdicciones y la Dirección Nacional de Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva) y la actual Subsecretaría de Relaciones Municipales (Vicejefatura de Gabinete del Interior). Esta articulación se materializó en los compromisos asumidos en el Cuarto y Quinto Plan, que dieron como resultados la ejecución del Programa Federal de Gobierno Abierto y del Programa Federal de Estado Abierto.

A nivel nacional se establecieron marcos normativos como la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 27275), el Plan de Apertura de Datos Abiertos, y se implementaron iniciativas de participación ciudadana digitales y cinco Planes de Acción Nacionales de Gobierno Abierto. No obstante, distintas instituciones estatales enfrentan obstáculos estructurales y operativos para institucionalizar estas prácticas.

En tal sentido, se observa que persiste una disparidad en la capacidad institucional y técnica en diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) para diseñar, implementar y sostener políticas de Estado abierto de manera estratégica y coordinada. Esto genera desigualdades en el desarrollo de políticas que involucren los principios de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación, dificultando la adopción del enfoque de Estado Abierto.

¿Qué acciones podrían implementarse desde las instituciones responsables para fomentar la adopción del enfoque de Estado abierto a nivel provincial y local?
¿Cómo las áreas nacionales pueden contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de las jurisdicciones subnacionales para el diseño de iniciativas de Estado Abierto? ¿Cómo se podrían involucrar las organizaciones de la sociedad civil en este proceso?

La Secretaría de Minería de la Nación cuenta con el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), una plataforma que reúne datos, indicadores e informes relevantes del sector minero. Sin embargo, se ha identificado la necesidad de fortalecer la interacción con actores no gubernamentales con el objetivo de fomentar el uso de la información por parte de la ciudadanía y visibilizar los datos mineros disponibles.

En este marco, los distintos indicadores disponibles en el SIACAM se publican de manera estandarizada y en formatos abiertos, lo que facilita una evaluación integral de los principales recursos extraídos. Es preciso mencionar que persisten desafíos vinculados a la actualización y relevamiento de datos productivos de metalíferos y litio, cuya ausencia dificulta una difusión sistemática de esta información.

Asimismo, se ha identificado un creciente interés por parte de diversos sectores en acceder a información sobre infraestructura minera, registros catastrales y proyectos mineros a nivel nacional, dado que estos datos son claves para el análisis integral del sector. Esta información incluye, entre otros aspectos, la ubicación geográfica de los proyectos, el tipo de mineral o material extraído, el estado de avance y datos geológicos relevantes.

En este sentido, actualmente el SIACAM no dispone de una herramienta de visualización unificada que permita presentar esta información de manera integrada y accesible.

¿A través de qué mecanismos institucionales y tecnológicos se podría mejorar la recolección, actualización y publicación periódica de los datos de producción de minerales metalíferos y de litio? ¿Cómo se podría poner en valor la información publicada en el Siacam para fortalecer la transparencia y el acceso ciudadano a los datos, visualizaciones, informes sobre la minería metalífera y de litio? ¿Qué plataforma de visualización de información geográfica es útil para la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil?

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se promueve una línea de trabajo orientada a crear sinergias con nuevos actores, a partir de la difusión de sus actividades, con miras a ampliar la participación de instituciones y organizaciones en proyectos de cooperación técnica en el exterior. En ese marco, la Dirección General de Asuntos Institucionales encargada de gestionar las relaciones del Ministerio observa la posibilidad de reforzar la participación ciudadana en sus procesos.

El Archivo Histórico de la Cancillería y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto son puntos focales de conexión e integración de la política exterior del país y tienen por finalidad posicionar a la Argentina como un actor relevante en el escenario internacional como así también custodiar la documentación producida por el Ministerio desde 1810 en el ejercicio de sus misiones y funciones.

Ambas áreas detectaron reiterados pedidos de información pública sobre documentación disponible en los sitios web correspondientes como así también la falta de vinculación de las áreas con universidades, instituciones de investigación y la ciudadanía en general.

¿Qué pasos se deberían seguir para contribuir a que el proceso de publicación y presentación de proyectos de cooperación internacional sea de mayor alcance y transparencia para los eventuales interesados en participar de los mismos (organismos estatales, universidades, tercer sector, empresas, ciudadanos particulares)? ¿Cómo se podría establecer una articulación con Universidades, Institutos de Investigación y la ciudadanía para mejorar la calidad y apertura del Archivo Histórico de Cancillería? ¿Qué mecanismos son posibles para la integración y vinculación de las respectivas áreas con actores como universidades, sociedad civil, empresas y la ciudadanía?