En esta oportunidad, la reunión se centró en “Complejidades de la política de drogas: narcotráfico y consumos problemáticos".

“La idea de estos encuentros es abrir las puertas del Ministerio de Seguridad de la Nación y de los Institutos de las fuerzas federales para ofrecernos como un espacio que dé cuenta de debates, diversas voces y distintas miradas en esta temática que nos convoca sobre el delito complejo”, sostuvo Mouzo, quien estuvo acompañada por el rector del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, Mariano Gutiérrez, quien moderó el encuentro.

El primer expositor fue Pedro Biscay, abogado penalista, Prosecretario Letrado de la Procuración General de la Nación y ex director del Banco Central de la República Argentina. El funcionario refirió al lavado de activos y al uso de sistemas de prevención para atacar los componentes ilícitos de este delito que tienen como característica la alta capacidad de generar flujos financieros. Al respecto manifestó que “Debemos comprender qué es lo que hay detrás del universo del lavado de dinero: un delito que ataca el orden económico financiero y provoca impactos en la estabilidad económica del país”. Asimismo, Biscay explicó que “el desafío es generar reglas de coordinación entre las fuerzas de seguridad, agencias del Estado y los organismos que fiscalizan el sistema financiero. Trabajar sobre este fenómeno delictivo requiere un abordaje sofisticado con una coordinación institucional y un intercambio de información bajo reglas precisas”.

Tras ello, Graciela Touzé, trabajadora social, especialista en Ciencias Sociales y Salud y Presidenta de la Fundación “Intercambios”, analizó el consumo de sustancias como un tema que debe ser inscripto dentro del campo de la salud pública.

Touzé consideró que “en esta problemática se interceptan dos lógicas: la sanitaria -de cura- y la punitiva, las cuales impregnan las políticas en materia de drogas”. Ante ello, la trabajadora social explicó que “Muchas veces un agente de seguridad debe decidir si aplica la ley de drogas o la ley de salud mental ante una persona con consumo problemático de drogas. Estas son contradicciones que expresa nuestro marco normativo”.

En ese sentido, la especialista explicó que la sociedad maneja distintos estereotipos y prejuicios frente al consumo de sustancias ilegalizadas. Estas creencias están presentes en la representación social dominante y determinan medidas de control con una mirada punitivista. “Es necesario revisar estos estereotipos para desmontar esa construcción y pensar otro tipo de respuesta, como la necesidad de trabajar sobre la idea de aumentar cuidados. Es fundamental pensar estrategias para abordar los distintos consumos” continuó Touzé quien añadió: “Pese a la ley de Salud Mental, persiste la criminalización de los consumidores de sustancias, esta tensión no se resolverá hasta que haya una revisión de la ley de estupefacientes”.

Participaron del encuentro, la directora nacional de Formación y Entrenamiento, Alina Ríos y la Coordinadora de Vinculación con Unidades Científicas y Académicas y Articulación Jurisdiccional, Lucia Cañaveral.