La Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y la ex diputada, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA) y fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, Diana Maffía, encabezaron junto a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, la primera capacitación para las y los agentes de la AFI en la temática de género y violencias contra las mujeres y diversidades, que establece la Ley Micaela para los tres poderes del Estado.

Caamaño, Gómez Alcorta y Maffía coincidieron en la enorme trascendencia de este encuentro, al que asistieron más de 70 funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados de la Agencia, y que continuará en los próximos días hasta cumplir con el objetivo dispuesto por la Intervención de organismo de capacitar a la totalidad del plantel.

La ministra señaló que la reunión fue de gran importancia porque implica incorporar perspectiva de género en ámbitos muy masculinizados e hizo énfasis en el impacto real de la Ley Micaela en las políticas públicas concretas. En particular, indicó que desde el inicio de su gestión, la cartera a su cargo planteó como uno de los objetivos iniciar las capacitaciones con las máximas autoridades del Estado nacional y así revertir la lógica de comenzar con los cargos inferiores. Como ejemplo, aludió al encuentro del 10 de enero pasado, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó en el Centro Cultural Kirchner de una reunión similar, junto al Gabinete de ministros.

En ese marco, señaló que el hecho de capacitar primero a las máximas autoridades de cada uno de los ámbitos busca promover una lógica de compromiso y decisión política respecto de la importancia de transversalizar la perspectiva de género en todo el Estado y que aquellas y aquellos que deben pensar, diseñar, planificar las políticas públicas lo hagan con esta mirada, para promover intervenciones del Estado y programas que colaboren con la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias por motivos de género.

Asimismo, recordó que la norma prevé la adhesión de las provincias y los municipios y afirmó que “para producir cambios profundos, es necesario que todos los niveles del Estado incorporen la perspectiva de género en sus políticas y sus prácticas” y encomendó a funcionarias y funcionarios a ser quienes encabecen esos cambios: “La ventana de oportunidad es ahora, porque existe la voluntad política”.

Por su parte, la filósofa Diana Maffía realizó una línea histórica en torno a la construcción de las relaciones desiguales de poder entre los géneros y repasó cómo con argumentos supuestamente “naturalistas” se consolidaban asimetrías que continúan hasta hoy.

Además, detalló que a través de los modos de reproducción biológicos (la capacidad de gestar y amamantar), sociales (“la vida pública no está centrada en el cuidado de los, las y les futuros ciudadanos”) y de la fuerza de trabajo (el trabajo doméstico no remunerado) las mujeres son confinadas a roles domésticos y reproductivos, propios del ámbito privado e infravalorados.

Por último, la interventora anunció el inicio del trabajo de un equipo Interdisciplinario integrado por profesionales de distintas direcciones para la redacción de un protocolo de detección y actuación en casos de violencias de género, así como el proyecto de un área especializada.