El Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivo de Género constituye uno de los avances más ambiciosos en la historia política y social de nuestro país en materia de perspectiva de género, porque mediante una inversión de más de 18 mil millones de pesos el Estado Nacional se pone al frente de un proyecto que plantea la transversalización de las políticas en todos los ministerios, y en 46 organismos y agencias del Estado.

Así, a través 15 acciones fundamentales, se despliegan 27 pautas y 144 medidas concretas orientadas a la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencias. Todo, en el marco de un cambio de paradigma: el abordaje individual le da paso a uno integral e interseccional.

"Es fundamental tener claro que los tipos de violencia por motivo de género son diversos. Tienen un impacto distinto si la sufre una mujer de clase media de un centro urbano a si la sufre una mujer o una persona LGTBI+ de un pueblo originario, o si la padece una mujer que está en contexto rural, o una migrante, o en una mujer trans en contexto de encierro. El impacto diferencial que tienen las violencias en relación a ciertos condiciones o situaciones de vulnerabilidad están abordados y contemplados en el plan”, señala, para el Observatorio de Género de SIGEN, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, organismo autor de un Plan de más de 200 páginas y conformado por 3400 aportes, presenciales y de foros virtuales, de personas autoconvocadas, ONG y organizaciones sociales, académicas, sindicales, y de los distintos niveles jurisdiccionales, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo y del judicial.

Según Gómez Alcorta, estos aportes fueron centrales: “Necesitábamos poder pensar esta herramienta a través de una escucha muy atenta e integral, que involucre a quienes trabajan en prevención, asistencia, protección, y fortalecimiento del acceso a la justicia”.

En ese sentido, destacó la decisión política del Presidente Alberto Fernández y aseguró que “el plan no es del Ministerio sino del Poder Ejecutivo, logramos dar un gran salto institucional como país en el marco de las políticas de género y hoy somos referencia mundial. Porque entendimos que una sociedad más igualitaria nos va a hacer libres a todos, a todas y a todes. No solamente a las mujeres y a la población LGBTI+, sino también a los varones, sacados de esos mandatos de masculinidad".

“Reducir las brechas de desigualdad”

El futuro llegó hace rato, también en materia de políticas de igualdad de género. “La reducción de las brechas de desigualdad tienen un impacto directo en las violencias. A mayor nivel de autonomía económica, de los cuerpos y de las decisiones de las mujeres y personas de la población LGBTI+ se reducen los riesgos de violencias”, expresa.

“Un eje central para reducir las brechas de desigualdad –añade- tiene que ver con las políticas de cuidados. Mientras los trabajos que sostienen la vida familiar sigan invisibilizados como trabajo y sigan asignados y naturalizado que deben ser realizados por las mujeres, se genera una desigualdad en todos los ámbitos de su vida, centralmente reduciendo las autonomías”.

Otro de los ejes estratégicos de la primera etapa de puesta en marcha del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es la igualdad en el mundo del trabajo, el empleo y la producción. Y aquí es precisamente donde se torna central el trabajo de organismos como el Observatorio de Políticas de Género impulsado por la Sindicatura General de la Nación.

“Debemos tener un seguimiento adecuado, tanto a través del Observatorio como de distintas agencias, en términos de poder consolidar el compromiso del Presidente en la inclusión laboral. Es fundamental focalizar en políticas de inclusión de derechos, como también en la necesidad de jerarquizar las políticas de género en todo el sector público y la importancia de medir su impacto social”.

Cabe subrayar que el Observatorio es dirigido por la Síndica Adjunta de la Nación, Irma Miranda, y apunta al fortalecimiento de la implementación de políticas en materia de perspectiva e igualdad de género. En esa dirección, releva e investiga información vinculada al cumplimiento de políticas públicas dispuestas por el Gobierno Nacional, generando acciones orientadas directamente al monitoreo de estas políticas, como así también a la jerarquización de la mujer en estructuras medias y superiores del ámbito del Sector Público Nacional.

Ley Micaela

La Ley Micaela, de capacitación obligatoria a todos los agentes del Estado en políticas de género, es otra de las iniciativas centrales a las que apunta la Ministra. En ese sentido, Gómez Alcorta recordó que a un mes de gestión fueron capacitados el Presidente y las y los integrantes del gabinete nacional.
Asimismo, destacó que se cumplió una de las metas de su Ministerio, que era lograr la adhesión de todas las provincias. “La implementación en cada una de las provincias depende de las administraciones locales y pero es una tarea que nos tenemos que dar en conjunto”, explica.
Y agregó:“Cuando terminemos nuestra gestión tenemos que tener a toda la administración pública efectivamente capacitada y lo que vamos a buscar es que la gestión siguiente profundice eso. Esa es una vara que tiene que ser nuestra meta como gestión política, no solo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”.