Creada por la Decisión Administrativa 592/2021, es un espacio de coordinación y articulación interinstitucional para la implementación, seguimiento y evaluación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional. El abordaje de la integridad busca fortalecer las capacidades estatales en la materia, con el objetivo de guiar las intervenciones y organizar el funcionamiento del Estado a partir de los valores y principios de la ética pública.

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